Disminuyen las partidas para la RGI y las del servicio para las víctimas de maltrato
Cadena Ser
Bilbao
El Gobierno Vasco tiene previsto destinar el próximo año 19,1 millones de euros menos para la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) como consecuencia de la previsible disminución del número de perceptores de estas ayudas sociales.
El Departamento de Empleo y Políticas Sociales dedicará en 2019 un total de 470 millones de euros para ambas prestaciones, un 3,9 % menos que en 2018, según la cifra que refleja el proyecto de presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio que hoy ha sido registrado en el Parlamento Vasco para su tramitación.
Fuentes del Departamento de Empleo y Políticas Sociales han explicado que, aunque se prevé una subida del 2,25 % en la cuantía de la RGI, en la línea del incremento salarial para los funcionarios, la cantidad presupuestada baja debido a las previsiones que indican un descenso del número de perceptores de las ayudas.
En total el Departamento que dirige Beatriz Artolazabal dispondrá, si se aprueban los presupuestos, de 1.028,8 millones de euros, un 0,7 % más.
Destaca la subida del 8,4 % del presupuesto de Lanbide para programas de empleo, que se ha fijado en 240,6 millones de euros, 18,6 millones más, y el destinado a políticas de inmigración, que sube un 40,5 % al pasar de 4,5 millones este año a 6,3 millones el próximo.
Las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral ascenderán a 48,4 millones, un 38,5 % de incremento, mientras que las dirigidas a familias con hijos a su cargo absorberán 31,1 millones, un 9,8 % menos.
Otras partidas como la del servicio a las víctimas de violencia de género descienden, concretamente un 9,1 % y se fijan en 374.000 euros. También baja un 19 % el presupuesto para el servicio de mediación familiar, que contará con 755.000 euros.
En cambio, las ayudas para el programa de parentalidad y conciliación subirán un 44,5 % hasta los 914.000 euros.
Destaca el incremento del 339,6 % en la partida dedicada a los migrantes en tránsito, que se fija en aproximadamente 2 millones de euros, un 1,6 millones más que en 2018.
