El Gobierno de Canarias da cita a una dependiente un mes después de fallecer

Las Palmas de Gran Canaria

Más de un año tardó el Gobierno de Canarias en llamar a una familia para valorar el grado de dependencia de su madre, una mujer de 76 años que sufría alzheimer y necesitaba atención 24 horas al día. Cuando por fin llegó esa llamada, ya había fallecido hacía un mes. 

Lo ha denunciado en 'Hoy por Hoy El Drago' su hija, Isabel, quien relata que, en 2016 y en base a informes médicos, presentó una primera solicitud para pedir una ayuda recogida en la Ley de Dependencia. Como no recibió ninguna notificación, en junio de 2017 hizo otra solicitud formal para pedir la prestación. Ante la falta de respuesta, la familia se hizo cargo de los cuidados de la madre hasta que falleció el pasado mes de abril. En mayo llamaron a Isabel para valorar a su madre.

"Ella dependía totalmente de nosotros porque no movía las manos, no abría la boca... Teníamos que ponerle una pajita para poder hidratarla y alimentarla. Era como si se hubiera convertido en un bebé", cuenta Isabel que asegura que los cinco hermanos compraron una grúa para poder asear en casa a su madre, se turnaban para cuidarla, y ponían parte de su sueldo para contratar a personas que la atendieran.

"Mi madre falleció en abril y en mayo me llamaron para dar la cita para venir a casa a valorar su grado de dependencia", dice Isabel que se pregunta si su madre no hubiera vivido más si pudiese haber estado atendida en la residencia que solicitaron un año antes.

Además, la familia denuncia un trato deshumanizado por parte de quienes recogieron su documentación en el registro. "No miraban a la cara, me preguntaban que por qué si eramos cinco hermanos y todos teníamos trabajo pedíamos una ayuda" dice Isabel quien añade que "incluso me dijeron que mejor vendieramos la   casa de mi madre para pagarle la residencia".

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Pide disculpas.

Tras escuchar a Isabel, la directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Eulalia García, le ha pedido disculpas por lo que ha tenido que vivir. Aunque asegura que el personal de registro no forma parte de su departamento, sí reconoce que se tarda ocho meses en digitalizar los expedientes con lo que los retrasos son elevados: "Hay épocas en las que sí, primero por el retraso que se acumula desde hace años y, segundo, porque a la vez que mecanizamos se revisa la documentación para ir requiriendo lo que haya quedado pendiente o no esté completo".

Según García, ahora mismo hay 13.000 personas a la espera de dictamen y más de 9.000 pendientes del programa individual de atención. ".Hace falta más personal y más medios pero estamos en el camino de mejorar", aseguró la directora general.