"Revilla tiene que dimitir. Él es responsable de que nuestras viviendas se tengan que derribar"
Los afectados por estas sentencias señalan al jefe del ejecutivo en su última marcha por Santander
Viviendas sentencias a derribo. / Cadena SER
Santander
Las fuerzas se agotan para los propietarios de viviendas con sentencias de derribo en Cantabria. Están hartos de luchar, de llamar a todas las puertas de la administración para intentar resolver una injusticia en la que se han visto envueltos por decisiones políticas catastróficas.
Ayer celebraban su última marcha por diferentes municipios de la región. Lo hacían indignados por la pasividad del ejecutivo autonómico, gobierno que dicen mira para otro lado a la hora de dar una respuesta a los cientos de perjudicados que, a su vez, ven como la justicia les acorrala.
Antonio Vilela, portavoz de AMA, señala directamente al presidente, Miguel Ángel Revilla, como el máximo responsable: "Jamás el presidente ha tenido un gesto con nosotros cuando él ha sido el gran responsable de este problema. No solo por ser jefe del Gobierno. También en su día fue responsable de firmar las autorizaciones para construir", asegura Vilela.
Por eso, AMA trasladará a los distintos grupos de la Cámara autonómica (PP, PRC, PSOE, Podemos y mixto) una moción de reprobación al líder de los regionalistas y jefe del Ejecutivo PRC-PSOE, para el que también solicitarán la dimisión.
Será el siguiente "paso" al dado este sábado por la agrupación, que ha celebrado la décimo quinta -y "última"- Marcha a Santander, con la que más de 300 afectados han recorrido -a pie y en autobús- varios municipios cántabros, desde Argoños a la capital, para volver a pedir "justicia" al problema que padecen.
QUE SE REPARE EL DAÑO Y NO SE TIRE NINGUNA VIVIENDA
En concreto, y como ha reiterado Vilela, ante los afectados y a la Prensa, reclama que las administraciones "reparen el daño causado" y, mientras tanto, "no tiren ni una" casa con sentencia de derribo.
Tras recordar a "toda la gente que se ha quedado por el camino" -más de un centenar de personas afectadas por este problema han fallecido ya, y la media de edad del colectivo ronda los 70 años-, el presidente de AMA ha asegurado que seguirán reclamando (o "mendigando") justicia, pues hasta ahora las administraciones implicadas no han hecho "nada" para solventar su situación.
Han pedido, y lo continuarán haciendo, que acabe "tanto dolor, sufrimiento y maltrato", y exigirán también una solución "definitiva" antes de que acabe esta Legislatura y que no conlleve pérdida alguna de patrimonio de los afectados, tal y como se acordó, por unanimidad, en el Parlamento autonómico.
No obstante, Vilela ha admitido que es complicado, pues en lo que va del actual periodo legislativo no se ha avanzado nada y quedan "tres o cuatro meses hábiles" antes de las próximas elecciones, previstas en primavera de 2019.
Tras apuntar que "ninguna" de las viviendas ilegales regularizadas hasta ahora en la región se ha debido a la labor del Gobierno, el portavoz de los afectados ha señalado que la salida a su problema tiene que venir "de los tribunales".
También es importante, como ha apuntado, la aprobación por parte de los ayuntamientos de los planes generales de ordenación urbana, pero ha precisado al respecto que los municipios precisan para ello el respaldo del Ejecutivo a través de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).
Y es que la labor de este organismo es "esencial" para que los PGOU se aprueben "en tiempo y forma" y se lleven a la Sala de lo Contencioso y Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), para que se regulen las viviendas susceptibles de legalizar, como ha sucedido hasta ahora con algunas de Miengo.
