El gobierno de Garrido desoye a la Asamblea y no investigará el máster fraudulento
La Comunidad de Madrid rechaza acatar la Proposicion no de Ley que le obliga a analizar las irregularidades detectadas en el posgrado de la Universidad Rey Juan Carlos
Madrid
El gobierno de Ángel Garrido, el sucesor de Cifuentes, desoye el mandato de la Asamblea y no investigará el máster que cursaron la ex presidenta madrileña y Pablo Casado ni al Instituto de Derecho Público que dirigía Enrique Álvarez-Conde. El pasado mes de mayo la cámara de Vallecas aprobó una Proposición no de Ley (PNL) con el voto en contra del PP para instar a la Fundación Madri+d a iniciar esta evaluación que la Comunidad, según ha sabido la SER, rechazar poner en marcha.
La proposicion, presentada por el PSOE, daba un mes de plazo al ejecutivo regional para que iniciara una investigación del máster en los años en que se impartió entre 2007 y 2014. Solo el PP votó en contra de esta PNL que no es vinculante, pero ni siquiera esa es la razón que esgrimen desde la consejería de educación para rechazar esta investigación. El título está extinguido, ya no es oficial y por tanto la Fundación Madri+d no tiene competencias para hacer ninguna investigación, según explican desde el departamento que dirige Rafael Van Grieken y del que depende la Fundación Madri+d. Desde la Comunidad añaden que con un procedimiento judicial en curso no sería oportuna una investigación académica interna.
PSOE, Podemos y Ciudadanos, que votaron a favor de esta PNL, creen ahora que el gobierno de Garrido está intentado tapar las irregularidades del máster. "La Comunidad y la consejería siguen amparando y encubriendo actuaciones que no son habituales ni legítimas en la universidad madrileña a la vez que controlan políticamente la Fundación Madri+d", aseguran el portavoz de educación del PSOE-M y diputado regional Juan José Moreno. Para el diputado de Podemos Eduardo Rubiño, esta actuación es "una prueba más de la politización de esta fundación que tiene como director a Jesús Sánchez Martos". Se trata del ex consejero de Sanidad que fue reprobado por la Asamblea "y recolocado por Cifuentes en esta agencia", dice Rubiño. "El PP ya sabía que había una presunta trama corrupta para regalar títulos oficiales a políticos y en ese momento en lugar de destaparlo lo ocultaron porque sabían que muchos de sus cargos se estaban beneficiando", apunta la responsable de educación de Ciudadanos y también diputada en la Asamblea, Maite de la Iglesia.