La Diputación de Lugo emplaza a la Xunta a promover la "pacificación" en el conflicto laboral abierto en Sargadelos
Lugo
El portavoz del gobierno de la Diputación de Lugo, Álvaro Santos, ha emplazado este viernes a la Xunta de Galicia a que promueva la “pacificación” en el conflicto laboral que sacude a la fábrica de cerámica de Sargadelos, en el concello de Cervo y que puede acabar con el cierre de la “emblemática” factoría.
Santos ha recordado que “en 2010, Sargadelos recibió un millón de euros de la Xunta, de las arcas públicas, con lo cual alguna responsabilidad tiene que haber”. Es por ello que ha instado a que se produzca “algún tipo de intermediación, y desde luego el gobierno gallego, con competencias en materia de empleo, debe de implicarse en la resolución y, por lo menos, en la pacificación y en la llamada a la sensatez en la gestión de este asunto”.
“No es un tema baladí, alguien tiene que tratar de poner sentido y de apaciguar los ánimos en este conflicto. Hubo algunos representantes sindicales que pidieron esa intermediación y esperemos que sea atendida”, confía.
A juicio del también secretario provincial de los socialistas, “no se puede permitir que se sacrifique un emblema de Galicia, como es Sargadelos, por una decisión meramente empresarial o en último caso tomada en caliente por las relaciones laborales dentro de una empresa, como tampoco se puede permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores sin más”.
Álvaro Santos, portavoz del gobierno provincial de la diputación de Lugo
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"Dejar de enredar" con las residencias
Además también ha demandado de la Xunta que deje de “enredar” con las residencias para mayores que impulsa la Diputación de Lugo, acusando al PP y al gobierno gallego de “apostar por un modelo privatizador, y en vez de crear nuevas residencias y nuevas plazas, el modelo por el que optan es por dar cheques a dependientes para que se busquen la vida en el ámbito privado”.
“Lo que pasa es que el Partido Popular se opone por todos los medios a que las residencias de la diputación puedan funcionar. Primero lo hizo retrasando los permisos de las que se pusieron en marcha y ahora lo hacen desde SUPLUSA (la sociedad del suelo provincial) con su mayoría en el consejo de administración”, zanjaba.