El juez rechaza trasladar a los ocupantes el informe sobre deficiencias en Rozalejo
El magistrado Edilberto Iglesias reitera que la tolerancia a la ocupación es responsabilidad exclusiva del Gobierno
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La Policía Foral desaloja el Palacio Rozalejo / Javier Lorente Doria
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Pamplona
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona ha rechazado la solicitud del Gobeirno de Navarra de trasladar a los ocupantes, investigados en la causa por la supuesta ocupación ilegal del palacio Marqués de Rozalejo de un informe realizado por la Policía Foral sobre el inmueble que advierte de los riesgos de índole estructural, sanitarios y, especialmente, de incendio derivados de la instalación eléctrica.
En una providencia dictada hoy, el magistrado Edilberto Iglesias reitera que la tolerancia de la actual ocupación del inmueble es responsabilidad exclusiva del titular, el Gobierno de Navarra, que no ha querido ejecutar un auto que le reintegraba en la libre posesión del inmueble. Para el juez, es esta tolerancia de la actual ocupación y no el archivo de la causa el origen de los riesgos expuestos en el informe, por lo que deja la responsabilidad en manos del ejecutivo, titular del Palacio Marqués de Rozalejo desde 2005
Al respecto, el juez concluye que el mantenimiento y cuidado de los edificios públicos y la evitación de riesgos derivados de su uso no es responsabilidad de la jurisdicción penal. Añade que en este caso además ya se había dictado una resolución que evitaba esos riesgos alertados por la Policía Foral y que solo quedó sin efecto por expresa petición del Gobierno de Navarra. Añade que esta petición tiene carácter administrativo, por lo que no puede utilizarse por ello al juzgado como mecanismo de comunicación de extremos de exclusiva competencia administrativa.
El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha restado importancia a la petición de dimisión de la presidenta realizada por UPN y señala que la actuación del gobierno "ha sido la correcta". Añade Laparra que el ejecutivo mantiene sus planes de destinar ese edificio al Instituto de Memoria Histórica, aunque no ha concretado cómo influye la renuncia al desalojo en ese proyecto.