El Gobierno presentará en septiembre un borrador para regular el alquiler turístico
La norma tendrá rango de ley para ofrecer seguridad jurídica y que las comunidades pueden operar con sus competencias
![](https://cadenaser.com/resizer/v2/MODNDBFSKJL3LMZ6BQ3OEWBSWE.jpg?auth=ab89e86ccb410c363725f92294dfe784a20f883a1bf5fb0c24ed9947687cd6e8&quality=70&width=650&height=487&smart=true)
(EUROPA PRESS)
![](https://cadenaser.com/resizer/v2/MODNDBFSKJL3LMZ6BQ3OEWBSWE.jpg?auth=ab89e86ccb410c363725f92294dfe784a20f883a1bf5fb0c24ed9947687cd6e8)
Palma de Mallorca
El Gobierno presentará en septiembre a las Comunidades Autónomas un borrador del texto de la futura ley para regular y clarificar el alquiler turístico. La secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, afirma que la norma tendrá rango de ley para ofrecer seguridad jurídica y que las comunidades pueden operar en base a sus competencias. Oliver ha estado de visita en Palma, donde ha mantenido una reunión con la consellera de Turismo, Bel Busquets, para tratar asuntos como la inversión en las zonas turísticas maduras y el turismo de borrachera.
Oliver ha explicado que el Gobierno central trabaja ya en un texto para regular y clarificar las competencia sobre las viviendas de alquiler vacacional. El objetivo es impulsar una ley consensuada con las comunidades autónomas para dar una cobertura legal y permitir una comercialización regulada, con sistemas de calidad y seguridad jurídica para los consumidores, las administraciones y los operadores turísticos. El borrador está en marcha y el Gobierno espera poder presentarlos a las comunidades en el mes de septiembre.
Oliver señala que la del alquiler vacacional es una cuestión jurídicamente muy compleja y la norma a impulsar tiene que estar consensuada con las comunidades. De momento, el texto está en fase de estudio por parte de los abogados del Estado, ya que en el sector interviene normativa europea, estatal, insular, de comunidades y ayuntamientos. La secretaria de Estado cree que la normativa balear ofrece seguridad jurídica en el marco de las competencias que tiene la región para regular esta práctica, por lo que espera que no sea recurrida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como las de Madrid, Bilbao y Donostia.