APRODEME reclama humanizar el sistema de protección de menores

Alicante

A raíz del caso de una pareja de alicantinos que ha llegado a sus manos, la asociación en Defensa de los Menores, Aprodeme, está llevando a cabo diversas acciones para reclamar "la humanizacion del sistema de proteccion de menores".

Esta pasada semana han llevado a cabo una concentración frente al edificio Prop del Consell para pedir que el periodo de intervencion previa a la retirada para familias con hijos en riesgo de desamparo requiera un mayor apoyo material y moral. Quieren que la decisión de retirar a los hijos no dependa del criterio exclusivo de un técnico que elabore un informe, sino que requiera de una intervención judicial expresa.

Con la reciente reforma de la Ley del Menor, explica su presidente, Jesús Salido, este procedimiento "queda reducido a una resolución administrativa". Asegura que han llegado a "desmontar argumentos ambiguos" o que no están suficientemente documentados, y que aún así los procedimientos han "seguido adelante", y pueden pasar incluso años sin que unos padres tengan relación con su hijo, más allá de las visitas vigiladas, con lo que el vínculo con el resto de familiares y entorno del niño "se rompe drásticamente".

El perfil es el de padres, madres separadas en muchos casos, con un bajo nivel socioeducativo y a quienes se les retira la tutela ante el riesgo de desamparo, por posible enfermedad mental, falta de habilidades parentales, modelo educativo autoritario, o permisivo...

El caso concreto de esta pareja, Paco y Cristina, desahuciados de su piso con dos hijas que han pasado a ser tuteladas por la administración, es muy ilustrativo de los hasta 800 inscritos en su asociación, explica Salido.

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En este sentido, apunta Salido que los servicios sociales están para proteger al menor y que nadie duda de ello, pero advierte de las implicaciones de que la decisión se tome sin estar cubierta por una orden judicial que la ampare. Por eso, están reuniendo documentación con sentencias que haya perdido la administración para apoyar una demanda colectiva ante la Fiscalía Superior del Estado.

A estas peticiones, añaden también el retraso de la posibilidad de adopción -que ahora se permite a los dos años de la declaración del desamparo, siempre que los progenitores no hayan recurrido-; exigen también apoyo de tutela de la familia extensa de ambos progenitores, planes de intervencion familiar con los niños en casa y apoyo material y moral, así como revertir las "privatizaciones de los servicios sociales que causan desvalimiento y deshumanización en muchos casos", aseguran.