Luz verde a la ley para atraer grandes instalaciones de ocio
Ha contado con el voto favorable del diputado no adscrito, el exparlamentario del PP Juan Antonio Morales. Populares y Ciudadanos se han abstenido y Podemos ha votado en contra
Mérida
La Asamblea de Extremadura ha aprobado hoy la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO), propuesta por el PSOE, en la que finalmente se ha reducido de 1.000 a 300 las hectáreas mínimas exigidas a estas iniciativas empresariales.
La norma solo ha contado con los votos a favor del PSOE y del diputado no adscrito, el exparlamentario del PP Juan Antonio Morales, ya que los populares y Ciudadanos se han abstenido y Podemos ha votado en contra.
La votación se ha producido después del debate de 51 enmiendas de Podemos, 16 de Ciudadanos y siete del PSOE, mientras que el PP no registró ninguna.
La norma aprobada exige una inversión global de al menos 1.000 millones de euros, la creación de un mínimo de 2.000 mil puestos de trabajo directos en las actividades económicas y la creación de un mínimo de 3.000 mil plazas de alojamiento hotelero, aspectos que se mantienen del texto inicial ya que las enmiendas más importantes no han prosperado.
Todas las alegaciones PSOE han sido aprobadas y, salvo la relativa a la superficie mínima, tenían que ver con las observaciones puestas por el Consejo de Estado a aspectos de la tramitación administrativa, entre ellas que los ayuntamientos dispongan de los mismos días, 45, que la Junta de Extremadura para resolver estos expedientes.
El portavoz del PSOE, Valentín García, ha explicado que esta propuesta de ley era necesaria ya que Extremadura no tenía una norma para amparar a las grandes instalaciones de ocio.
Ha destacado que por primera vez en 35 años de autonomía ha contado con el dictamen del Consejo de Estado, que ha concluido que se atiene a la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el derecho europeo, según el parlamentario socialista.
García ha advertido de que las alegaciones que ha hecho el PSOE van mucho más allá de lo que han presentado otros grupos, como bajar de 1.000 a 300 hectáreas el requisito mínimo de extensión de los parques, una rebaja que solo ha contado con su voto a favor.
A su juicio, hay grupos que no han entendido que la especifico de esta ley es que una comisión interadministrativa abordará de una sola vez de forma integral todo el proceso administrativo.
Se trata de contar con una ley que permita una tramitación rapida y ágil para competir en igualdad de condiciones con otras CCAA, ha recalcado García.
El diputado del PP Víctor del Moral ha considerado que el Consejo de Estado ha dado "un varapalo de tal calibre" a la propuesta de ley, que ha obligado al PSOE a presentar siete enmiendas que corrigen 34 apartados, una "chapuza" que desvirtúa el sentido inicial de la norma.
A pesar de estar correcciones, ha comentado que podría haber un recurso de inconstitucionalidad sobre aquellos aspectos en los que el Consejo de Estado no ha entrado, en lo que ha coincido con Cs.
Esta "bochornosa opereta" se produjo, según Del Moral, porque al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, le prometieron la llegada de millones de visitantes con proyectos que podrían revertir la situación de Extremadura.
La "paradoja" es que todo estaba condicionado a la aprobación de una ley "neoliberal", una posición política que tanto han criticado los socialistas, y que supone en este caso una ley con reducción de impuestos, libertad de horarios o trámites exprés medioambientales.
La diputada de Podemos Jara Romero ha recordado que ellos avisaron de que era una "chapuza jurídica", como después certificó el Consejo de Estado, aunque solo abordó una parte de la ley.
A su juicio y de Cs, ha sido hecha "a medida del PP", que ni siquiera ha presentado enmiendas, y ha planteado que para que la ley fuera "coherente" y tuviera el apoyo de su grupo habría que aprobar sus enmiendas.
Alegaciones para eliminar las decenas de referencia al juego, por una tributación justa, por condiciones laborales dignas o por un lenguaje no sexista.
Romero también ha defendido la ampliación de los tiempos de información pública y que los ayuntamientos entren en la comisión interadministrativa como sujetos activos.
Ha reclamado un aumentado de la fianza, la devolución de las ayudas si no se cumplen con el mínimo de inversión y creación de empleo, y un plan para cuando concluya la vida útil del parque. "No queremos otro Valdecañas", ha subrayado.
La portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha explicado que las enmiendas de su grupo pretenden adaptar la ley al dictamen del Consejo de Estado y agilizar el proceso administrativo.
A su juicio, es una norma metida con "calzador" para "un determinado o determinados" proyectos, aunque hay aspectos de "difícil arreglo".
Ha defendido que la fianza sea del 5 % de la inversión en lugar de los 10 millones de euros establecidos y que los ayuntamientos, en lugar de 15 días, puedan contar con los mismos que la Administración autonómica, 45, para resolver estos expedientes.
"No hemos creído nunca en esta ley", ha recalcado Domínguez, que ha criticado que se querido sacar adelante solo con el PP, al que los socialistas han hecho "todos los honores".
Morales ha pedido la palabra para fijar su posición, pero la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, se la ha negado en virtud del 10 artículo del reglamento de la Cámara, según acordaron la Mesa y la Junta de Portavoces.
