El Gobierno Vasco asegura que la sentencia de la justicia europea no afecta al actual 'tax lease'
La UE ha anulado la sentencia que dio la razón a España en las ayudas al sector naval
Cadena SER
Bilbao
El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha destacado que el actual 'tax lease' no está afectado por la decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) de plantear una revisión de la sentencia que avaló las ayudas españolas a los astilleros y ha indicado que analizará en detalle esta resolución.
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El Gobierno Vasco se ha referido, de esta manera, a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) de ordenar revisar la sentencia que avaló el sistema español de bonificaciones fiscales ('tax lease') para los inversores en astilleros, que previamente había sido declarado ilegal por la Comisión Europea.
Fuentes del Departamento de Arantxa Tapia han afirmado desconocer en estos momentos al detalle el contenido de lo acordado por la TUE y, por lo tanto, el impacto que podría tener en los astilleros vascos.
No obstante, las mismas fuentes han destacado que, al margen de lo que pueda ocurrir finalmente, el tax lease actual está "intacto" y no se ve afectado por esta decisión. El Departamento de Tapia ha destacado, por tanto, está avalado por la UE y sigue dotando de "estabilidad" al sector.
Revisar la sentencia
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha ordenado revisar la sentencia que avaló el sistema español de bonificaciones fiscales ('tax lease') para los inversores en astilleros, que previamente había sido declarado ilegal por la Comisión Europea. El caso se remonta a 2013, cuando Bruselas pidió a las autoridades españolas recuperar las ayudas ilegales concedidas a los astilleros bajo este sistema entre 2007 y 2011, tras concluir que el régimen de ayudas vulnera las normas de la UE en materia de ayudas públicas porque concedió una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores. El Ejecutivo comunitario estableció entonces que las subvenciones deberían devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
Este sistema se puso en marcha en 2002, aunque Bruselas propuso que se recuperasen los apoyos concedidos desde abril de 2007, frente a la posición del Gobierno, que aboga por contar desde 2011, fecha en la que se consideró ilegal el régimen de bonificaciones.
El Gobierno español y las sociedades Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión recurrieron la decisión de Bruselas. El Tribunal General de la UE -organismo de primera instancia-- anuló la decisión del Ejecutivo comunitario en una sentencia que hizo pública el 17 de diciembre de 2017. La Comisión Europea presentó un recurso y, en su sentencia de este miércoles, el Tribunal de Justicia ha anulado el fallo del Tribunal General, al que ha devuelto el asunto para una nueva evaluación.
