El turno de oficio ha atendido más de 20.500 casos en 2018
En Baleares hay 750 abogados en el turno de oficio, que pretende sacudirse falsos mitos en el Día de la Justicia Gratuita
Cadena Ser
Palma de Mallorca
El turno de abogados de oficio ha atendido más de 20.500 casos en lo que llevamos de año. Se trata de un servicio que permite disfrutar del derecho a la asistencia jurídica gratuita a personas con ingresos inferiores a los 12.900 euros al año. La mayoría de casos se concentran en la jurisdicción penal y de menores y también en la civil. En Baleares hay 750 abogados apuntados en el turno de oficio, que pretende sacudirse falsos mitos en la octava edición del Día de la Justicia Gratuita.
Los letrados que participan en el turno de oficio tienen que tener un mínimo de tres años de experiencia profesional y haber participado en cursos de especialización. No son abogados de segunda, dice el decano del Colegio Oficial de Balears, Martí Aleñar. De hecho, los abogados de oficio han ganado casos importantes como el de una mujer que pudo evitar heredar deudas del asesino de su hija, el de un condenado que fue puesto en libertad tras nueve años al demostrarse que era inocente o el de un hombre que gracias a su abogado de oficio logró que se condenara a Telefónica por intromisión en el honor al incluirle en una lista de morosos por no pagar una factura.
Los 750 abogados de oficio de las islas manejan una media diaria de 120 nuevos casos. Un modelo que en España funciona muy bien, según Aleñar, y que no existe en muchos países del entorno europeo. El decano afirma que las cifras de casos en lo que llevamos de 2018 son parecidas a las del mismo periodo del año anterior y se sitúan en los 20.500 casos.
Los abogados del turno de oficio de Balears asumen más casos de violencia de género y de menores que la media nacional. Y también cobran mucho menos que los de otras comunidades. Los abogados de las islas perciben el dinero del Ministerio de Justicia, que paga 120 euros por caso con una subida prevista para este año del 30%. Sin embargo, comunidades con las competencias de justicia transferidas como Euskadi, abonan entre 400 y 600 euros por expediente tramitado.
Aleñar también pide al Ministerio soluciones para que los abogados no tengan que correr con los gastos cuando a un cliente se le deniega la asistencia jurídica gratuita una vez se ha empezado a tramitar el asunto, algo que ocurre con bastante frecuencia en la jurisdicción penal.
