Intervención pone reparos a un centenar de facturas de las juntas municipales de Murcia

Murcia

El pasado 9 de marzo entró en vigor la nueva Ley de Contratos Públicos, lo que incluía una serie de modificaciones para evitar el fraccionamiento de estos contratos y evitar el incremento de los contratos menores. Desde su entrada en vigor, la oposición en Murcia ha criticado que el Ayuntamiento de Murcia no se haya sabido adaptar a la nueva norma.

El portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, ha indicado que el sistema creado para adaptarse a esta nueva Ley está provocando importantes retrasos en el pago de las facturas. De hecho, actualmente, las juntas municipales tienen numerosos problemas para pagar facturas, como por ejemplo, las de las fiestas de barrios y pedanías.

Gómez ponía el ejemplo de que el servicio de intervención municipal ha puesto reparos a más de un centenar de facturas, unas facturas que están bloqueadas y, por lo tanto, no se pueden pagar. El reparo es un informe que el servicio de intervención elabora cuando no está de acuerdo con el procedimiento en que se ha hecho un acto administrativo.

El procedimiento interno que se ha creado en el Ayuntamiento de Murcia para abonar estas facturas procedentes de las juntas municipales, hace que una sola factura tenga que pasar nueve o diez veces por la misma persona, ya sea el administrador de la junta, el concejal o un jefe de servicio, antes de dar el visto bueno para su pago.

Ciudadanos exige que el equipo de Gobierno se adapte a la nueva Ley eliminando burocracia.

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Los administradores están molestos con el procedimiento

Esta burocracia interna se hace eterna para los administradores de las juntas municipales quienes, según ha podido saber la Cadena SER, ha mostrado al Ayuntamiento su malestar.

Los administradores se quejan de que el procedimiento diseñado por el consistorio para poder pagar esas facturas les ha supuesto un incremento en la carga de trabajo a la que no se les está dando solución, por lo que lamentan la falta de apoyo por parte de la administración. También se quejan de que la administración local no les da directrices claras en este asunto.

Del mismo modo, aseguran que con el procedimiento impuesto se encuentran con la imposibilidad de controlar el gasto y critican que el proceso de tramitación de gastos se ha burocratizado, haciéndolo inoperante hasta el punto de que no se cumple con el proceso legalmente establecido.