El TSJA anula el "contratazo" provincial de la basura
El PP asegura que lo firmó el presidente socialista actual y el gobierno provincial le recuerda que lo adjudicó bajo su mandato y en vísperas electorales
El presidente de la Diputación, José Entrena (de pie), en el pleno que presidente este lunes / Diputación de Granada
Granada
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el contrato para la gestión del tratamiento de los residuos en la provincia de Granada, cuya adjudicación se produjo en mayo del 2015, durante el anterior gobierno del PP en la institución provincial.
El actual diputado de Economía, Manuel Gómez Vidal (PSOE), que ha confirmado este lunes el fallo, ha recordado que el grupo socialista, entonces en la oposición, se opuso "radicalmente" en su día a lo que denominaron el "contratazo" de la basura, un contrato que contaba con un presupuesto de licitación de 635 millones de euros para la gestión del tratamiento de residuos del conjunto de los municipios de la provincia de Granada durante 25 años.
En concreto, se opusieron al proceso de selección del contratista que finalmente aprobó el pleno de la Diputación al entender que "los elementos de selección objetivos quedaban atenuados en relación con los de valoración subjetivos", según el diputado de Economía.
"Nunca entendimos las prisas que la corporación anterior tuvo para guiar este contrato y dejar en la antesala de la adjudicación el contrato del tratamiento de la basura en plenas elecciones municipales", ha indicado Gómez Vidal, quien ha precisado que la propuesta de adjudicación del contrato tuvo que ser finalmente firmad por el actual presidente, José Entrena (PSOE), aunque fue aprobada en un pleno presidido por la anterior corporación del PP.
Según ha explicado, los servicios jurídicos de la Diputación estudian actualmente junto a los técnicos de las áreas correspondientes cuál es la actuación que seguirán tras el fallo.
"Y a ello nos atendremos, respetando la justicia y cumpliendo la ley", ha concluido.
La sentencia del TSJA, que ratifica otra de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo, obliga a puntuar de nuevo las cuatro ofertas que se presentaron para gestionar el tratamiento de los residuos en la provincia (la adjudicataria resultó ser FCC), según avanza hoy el diario Ideal.
El fallo, contra el que cabe recurso de casación, entiende que la empresa adjudicataria contó con "ventaja" al no aplicársele estrictamente el pliego en, al menos, dos puntos.
Por su parte, el grupo del PP en la Diputación ha manifestado que quien adjudicó el contrato de basuras formalmente el 4 de septiembre del 2015 fue el PSOE y su presidente y secretario provincial, José Entrena, en calidad de presidente de la institución provincial.
En un comunicado, el portavoz del grupo popular, José Robles, señala que la sentencia del TSJA es contra un acuerdo de pleno del 23 de septiembre del 2015 aprobado por unanimidad por los cinco grupos políticos con representación en la institución provincial.
Según dice, el PSOE ha tenido tres ocasiones para recurrir y dar marcha atrás el contrato pero, "en cambio, no solo no lo ha hecho, sino que fue ratificado y firmado por José Entrena".
Ha criticado que el PSOE, "que cuando estaba en la oposición se postulaba en contra del contrato pero al llegar al gobierno ha estado siempre a favor", quiera ahora "eludir su responsabilidad", y ha incidido en que todo el procedimiento de adjudicación se hizo con informes favorables de los técnicos de la institución provincial.
Plan de inversiones
El pleno de la Diputación de Granada ha aprobado este lunes por unanimidad las bases que regulan las subvenciones para el plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, que incluye 11 millones de euros para servicios básicos en los municipios de la provincia.
Para la distribución de la inversión se realizará un doble criterio de población del municipio y del número de núcleos de población que se integran en cada uno, de modo que se dará prioridad a los pequeños municipios y a los que cuentan con anejos y que disponen de menos recursos, ha explicado durante el pleno el diputado de Economía, Manuel Gómez.
El máximo que recibirán los municipios es de 90.000 euros para los municipios menores de 20.000 habitantes, y de 80.000 para los que superan esa cifra.
El mínimo lo recibirá el municipio de Juviles, que con 144 habitantes tiene consignados 40.802 euros.
Se trata, ha explicado el diputado, de distribuir los fondos de una forma "más equitativa y justa" con "transparencia, criterios objetivos y claros".
En virtud de las bases aprobadas hoy, la inversión debe estar destinada a servicios públicos como el abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado público, carreteras, caminos, residuos, transporte, instalaciones deportivas y culturales, entre otros.
