La CHD impone una sanción de 13.800 euros a la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar por vertidos al Cega

Cuéllar

La Junta General de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar ha aprobado una modificación presupuestaria por suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería para hacer frente a los 13.800 euros de sanción que han recibido por parte de la CHD correspondientes a tres sanciones por vertidos. Una de las sanciones se debe a un vertido que ha afectado a las aguas del río Cega superando los parámetros permitidos por la UE y que además penaliza por no contar con una depuradora en el Polígono de la Comunidad para tratar las aguas. Las otras dos sanciones se deben exclusivamente a vertidos.

Desde la Comunidad se han realizado análisis de agua de diversos tipos y en distintas ocasiones obteniendo resultados dispares que no han permitido concluir el origen de los vertidos. Además en la reunión se dio a conocer que la empresa Resinas Naturales ha comunicado los trabajos para instalar un sistema de recirculación de agua, depuradora, con el fin de dejar de verter al cauce del río. Además el presidente de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, Jesús García, espera que este año se puedan iniciar los trabajos para la construcción de la depuradora planificada para las instalaciones industriales del polígono con el fin de eliminar tanto los vertidos como las sanciones.

Otro de los asuntos que fue aprobado por los miembros de la Comunidad fue otra modificación presupuestaria de crédito extraordinario por importe de 5.000 euros con cargo al superávit de 2017, para adquirir material para el servicio de bomberos como utillaje, maquinaria y la sustitución de los equipos de oxígeno autónomo que tienen una vida útil de unos ocho años.

Además se van a adquirir nuevas baterías ya que recientemente las existentes se han estropeado debido a una sobrecarga en el suministro eléctrico de las instalaciones de Diputación Provincial donde se guardan los equipos. Los daños se han cuantificado en unos 1.500 euros y se ha comunicado la incidencia a la institución provincial que está realizando las reclamaciones pertinentes a la empresa suministradora de la energía eléctrica y al seguro responsable, pero mientras es la Comunidad quien tiene que sufragar los costes de unas nuevas baterías que son necesarias para prestar el servicio.