Resuelta la nueva definición del Espacio Aéreo del aeropuerto de Ciudad Real
El juzgado de lo mercantil tendrá que pronunciarse el próximo 22 de mayo si concede, o no, a CRIA el último plazo solicitado
Cadena SER
Ciudad Real
Una comisión técnica de autoridades aeronáuticas ha resuelto aspectos técnicos y de coordinación en relación a la nueva definición del Espacio Aéreo y Carta Visual asociados al Aeropuerto de Ciudad Real, lo que implica la definición del espacio aéreo de la infraestructura, limítrofe al espacio aéreo de la Base de Helicópteros de Almagro.
Se recuperaría así el espacio aéreo, pero corresponde a la comisión Interministerial de Defensa y Fomento proceder a su aprobación definitiva.
Este trámite llega después del trabajo realizado por parte de la Base Aérea de Almagro, el Ejército del Aire, Enaire, la empresa de servicios aeronáuticos Saerco y la empresa adjudicataria provisional, CRIA.
La solicitud de espacio aéreo fue realizada por CRIA dentro de la planificación de autorizaciones y permisos para que empezara a funcionar el Aeropuerto de Ciudad Real.
Recordemos que el juzgado de lo mercantil de Ciudad Real tendrá que pronunciarse el próximo 22 de mayo si concede o no a CR International Airport el último plazo solicitado por la adjudicataria que finalmente no pudo consumar la compra el pasado mes de abril, al no reunir el dinero suficiente para pagar, por la retirada del fondo inglés con el que negociaron la adquisición.
Es previsible que el juez Carmelo Ordóñez conceda esa nueva ampliación de plazo solicitada por CRIA, que se arriesga a perder hasta 7 millones de euros, si finalmente no aporta los 53 millones de euros que restaban para completar la operación. Empresa que está obligada además a hacer frente a los gastos de la infraestructura, unos 80.000 euros cada mes.
En todo caso en su última resolución, el magistrado ya ha elaborado un calendario si finalmente optara por paralizar el proceso y convocar un nuevo y último procedimiento de venta directa del aeropuerto. Calendario en el que se indica que hasta el 21 de junio se podrían realizar ofertas, con la obligación para las empresas ofertantes de consignar hasta un 10 por ciento como aval. Llegado ese momento se fija como precio mínimo de puja 56,2 millones de euros.
