Competencia no investigó al Gobierno vasco en el caso de los comedores escolares
“No tenemos ninguna prueba de connivencia” afirma Alday tras admitir que no investigaron el papel de la administración en el cártel
PARLAMENTO VASCO
Vitoria
La Autoridad Vasca de la Competencia no encontró “ninguna irregularidad, ni prueba de connivencia” entre el Gobierno vasco y las siete empresas condenadas por pactar precios y repartirse el mercado del servicio de comedores escolares de los colegios públicos entre 2003 y 2015.
“Si nosotros hubiésemos encontrado algún Ilícito penal, lo habríamos puesto en conocimiento de la fiscalía, pero no encontramos nada”, ha asegurado su director de Investigación, Ignacio Alday.
Lo cierto es que Competencia no investigó al Gobierno vasco y así lo ha reconocido Alday, que ha sido el primer compareciente en la comisión parlamentaria que investiga si hubo responsabilidades políticas en este caso de fraude que, según algunas estimaciones, causó a las arcas públicas un perjuicio de más de 80 millones de euros.
“Esta práctica solo se ha sancionado con los indicios. No tenemos ninguna prueba, ni correo electrónico alguno en el que haya una connivencia entre la administración y las empresas. No tenemos declaraciones del personal del Gobierno vasco. Entendimos que con los indicios y el comportamiento de las empresas era suficiente y no nos hizo falta para esta resolución hacer una investigación” ha reconocido.
La AVC impuso en 2016 una sanción de 18 millones de euros a siete empresas por cártel que el pasado año el Tribunal Superior de Justicia del País vasco rebajo a 7,2 millones, al apreciar que dichas prácticas anticompetitivas solo fueron posibles por la permisividad de la administración vasca.
Preguntado por este extremo, Alday se ha limitado a señalar que era “previsible”.
La reunión de hoy se ha iniciado con la reproducción del testimonio que hace cuatro años dejó en sede parlamentaria Joaquín Arratibel, empresario que destapó el caso y que denunció la existencia de un “atípico sistema administrativo” de homologación y contratación que, en su opinión, dio cobertura durante años a las prácticas sancionadas.
En las próximas semanas está previsto que pasen por la comisión de investigación, entre otros, los cuatro consejeros que dirigieron el departamento de Educación, Ánjeles Iztueta, Tontxu Campos, Isabel Celaá y Cristina Uriarte, durante los trece años en los que las empresas adjudicatarias concertaron precios, además de las firmas condenadas.
Además, el PP ha solicitado que se identifique a los técnicos y responsables públicos que idearon el “sistema de homologación” e intervinieron en la elaboración de los pliegos y las contrataciones a fin de que comparezcan en la comisión.
