“La falta de control es la consecuencia de presupuestar las transferencias de financiación” para pagar los ERE
Un comandante de la UCO insiste en que a partir de 2001 la Junta “desplazó la normativa aplicable” para dar subvenciones y eso causó “daño real y efectivo a los fondos públicos”
El exdirector de Trabajo, Javier Guerrero, llegando a la Audiencia / Europa Press
Sevilla
Uno de los comandantes de la Guardia Civil que investigó el procedimiento de pago de los ERE ha dicho, en dos ocasiones, que cuando en la Ley de Presupuestos de la Junta de 2001 se introducen las transferencias de financiación para financiar a la Agencia IDEA, que pagaba las ayudas investigadas, es cuando se crea “esta situación”. “Sin esa figura presupuestaria no hubiera existido esto por la falta de control previo” de las subvenciones, ha manifestado. En referencia a que la falta de fiscalización previa de las ayudas aprobadas por Empleo y pagadas por otra entidad, por la agencia pública IDEA, es la que ha propiciado “daño real y efectivo a los fondos públicos” en el caso de los ERE.
El testigo ha explicado que la figura presupuestaria de las transferencias es legal. “El problema de las transferencias en este caso son las consecuencias que provocan por la falta de control” previo del gasto, en la consejería de Empleo.
El comandante de la UCO ha insistido en que “no comparte” el número de intrusos que ha establecido la Junta, un grupo de entre 18 y 20 personas. “No comparto la conclusión de la Junta, es una conclusión radicalmente distinta” a la de los investigadores, ha sostenido. “Lo mismo que analizó la Junta analizado por la policía judicial es totalmente distinto”, ha afirmado en otro momento.
Otro de los investigadores, sargento, ha detallado que en un solo día, el 30 de enero de 2004, Empleo concedió ayudas por valor de 16 millones de euros para distintas empresas de la comarca donde vivía el exdirector de Trabajo, Javier Guerrero y donde pasaba muchos fines de semana el exconsejero José Antonio Viera. De ese dinero, ha manifestado, seis millones fueron para empresas sin trabajadores de los exconcejales socialistas de El Pedroso, Rosendo y Sayago. Esas empresas “son instrumentos para captar fondos públicos”, ha concluido.
Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de Cazalla, recibió para sus empresas del corcho ocho millones de euros. Otros empresarios, según ha informado, acudieron a la dirección general de Trabajo reclamando las ayudas que le había prometido Guerrero y su sucesor, Juan Márquez, les dijo que era “ilegales o irregulares”. La solución que les ofreció Márquez fue pagarles la mitad de lo prometido, solo 50.000 euros y ellos aceptaron.
En este primer juicio de los ERE se juzga la creación, el mantenimiento y la financiación de un procedimiento supuestamente irregular para pagar ayudas socio laborables y directas a empresas, que se mantuvo en la Junta entre 2001 y 2010. En el banquillo están dos expresidentes de la Junta, Chaves y Griñán, y otros 20 exaltos cargos.
