“Hay menoscabo. Daño real y efectivo a los fondos públicos”

Sevilla

Uno de los guardias civiles que ha investigado el caso de los ERE ha afirmado, a preguntas de las acusaciones, que desde el “punto de vista policial hay menoscabo porque ha existido un daño real y efectivo a los fondos públicos”. Después, ha añadido que ellos también han llegado a la conclusión de que el Consejo de Gobierno “conocía” el procedimiento con el que la Junta estaba pagando ayudas sociolaborales y directas a empresas. Un procedimiento calificado de inadecuado por la intervención y considerado ilegal por la Fiscalía.

Esta conclusión sobre el Consejo de Gobierno, reflejada en sus atestados, está basada en las declaraciones del exinterventor acusado, Manuel Gómez, del exconsejero encausado, Antonio Fernández, que así lo dijo, y también contó que se lo trasladó al exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías. Además de que los informes de la Intervención donde se hablaba del sistema “inadecuado” iban remitidos “para su traslado” a los consejeros de Hacienda, Innovación y Empleo.

El comandante, ha manifestado a preguntas de una de las defensas, que los responsables de que se incumplieran las normas que regulaban las subvenciones fueron, “entre otros, los que idearon el sistema, los firmantes del convenio de julio de 2001”, que introdujo el sistema de pago de los ERE mediante transferencias de financiación. Ese convenio lo firmaron los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández.

El testigo ha puesto de relieve “el descontrol” en la concesión de las ayudas investigadas, dadas “sin procedimiento” “sin criterios objetivos” ni “norma reguladora”. “El compromiso para iniciar el procedimiento podía ser una carta del director de Trabajo a una aseguradora”; pero no había ni solicitud ni resolución de concesión ni control posterior, ha explicado. “La Junta debía velar por los fondos públicos y eso suponía analizar si las comisiones que estaban pagando a las aseguradoras estaban muy por encima del valor de mercado”. Para ilustrar la afirmación ha contado que en Surcolor el exsindicalista y ‘conseguidor’, Juan Lanzas, “le buscó el pack completo a la empresa y a la Junta. Les buscó a la aseguradora Vitalia y al bufete Estudios Jurídicos Villasís y se pagaron comisiones muy por encima del valor del mercado, como ha establecido la Dirección General de Seguros”. En el caso de la ayuda al Hotel Cervantes, ha afirmado, que el sobrecoste de la póliza fue de un millón 400.000 euros porque la comisión fue del 20 %, “cuando las medias del mercado estaban en el 3 %”.

En otro momento ha recordado que existe una concentración de ayudas a “familiares, amigos y por afinidad política”. Y como ejemplo están “la suegra del director general, la mujer del chófer del director general, la madre del ‘conseguidor’ Juan Lanzas, intrusos de la mano de un concejal de Camas, etc.”

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El investigador ha manifestado que ellos “han descartado la destrucción de documentos” en la consejería de Empleo en noviembre de 2010. “Detectamos que de algunos expedientes se retiraron papeles y otros se hizo un esfuerzo por completarlos” en un momento en el que ya los medios de comunicación hablaban de los intrusos que existían en los expedientes de regulación de empleo financiados con dinero de la Junta. Se "sacó" documentación "que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación".

La declaración del agente continuará el miércoles.