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El Ayuntamiento prorroga un año el contrato del CAC por más de tres millones

El área de Cultura ultima el borrador del nuevo pliego de condiciones para sacar a concurso la gestión del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga

La concejal de Cultura, Gemma del Corral, y el portavoz del gobierno local, Carlos Conde / Ayuntamiento de Málaga

La concejal de Cultura, Gemma del Corral, y el portavoz del gobierno local, Carlos Conde

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La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este viernes la prórroga del contrato del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) por un año a la empresa Gestión Cultural y de Comunicación, de Fernando Francés. La prolongación del contrato a la actual adjudicataria será desde el 1 de mayo de este año hasta el 30 de abril de 2019 por un importe de 3,35 millones de euros, IVA incluido, según ha informado el portavoz del equipo de gobierno local, Carlos Conde.

El área de Cultura ultima el borrador del nuevo pliego de condiciones para sacar a concurso la gestión del museo, con la idea de que se pueda licitar y proceder a la nueva concesión antes de que culmine ese plazo de un año. Según la concejal de Cultura, Gemma del Corral, si el nuevo contrato se adjudicara antes de ese tiempo, la prórroga a la empresa de Francés quedaría sin efecto.

El equipo de gobierno local también ha celebrado este viernes una Junta de Gobierno local extraordinaria y urgente para dar luz verde a la propuesta de Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2018, presentada esta semana por el alcalde, Francisco de la Torre. Está previsto que las cuentas municipales, que tienen garantizado el apoyo de Ciudadanos, se aprueben inicialmente en Pleno el próximo viernes 27 de abril. El Presupuesto crece un 5% hasta los 790 millones de euros y la inversión prevista es de 75 millones de euros, cifra un 22% más alta que la del año pasado.

Esta reunión también ha aprobado el nuevo procedimiento para la fiscalización de las cuentas de los grupos municipales, que serán auditadas por el interventor del Ayuntamiento. Si no se cumplen los requisitos de esta normativa, las transferencias a los grupos políticos serán paralizadas y, en caso de que existan gastos sin justificar, esas cantidades tendrán que ser devueltas.

 
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