Romaní y su director de tesis firmaron facturas sin aval técnico

Cádiz

Durante 2011 y 2014, el concejal del PP de Cádiz Ignacio Romaní y su director de tesis, Carlos Guillén, firmaron cuatro facturas por valor total de 43.000 euros en representación, respecticamente, de Aguas de Cádiz y el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa. Estas facturas presentan algunas posibles irregularidades. La empresa pública ha confirmado que no existía ningún convenio entre ambas instituciones que avalase esta relación económica, bien fuese para encargar una investigación o bien una subvención a unas jornadas. Ninguna de las cuatro facturas cuenta con una firma de un técnico. Tres de ellas están dirigidas directamente a Romaní, entonces presidente de la entidad, y no, como correspondería, a la propia sociedad.

En 2011, Aguas de Cádiz y el observatorio de Guillén firmaron la primera partida económica. En enero, Guillén había pedido en una carta una ayuda económica para "un proyecto de investigación en marcha". Lo hizo en una carta con membrete de la Universidad de Cádiz, pero, después de que la empresa pidiera un justificante universitario, el siguiente documento prescindió del membrete universitario y se presentó sólo ya con el del observatorio, una asociación creada por Guillén. La Universidad ha explicado que cualquier acuerdo con ella hubiese implicado un acuerdo reglado para encauzar esa investigación y el destino de ese dinero.

Guillén logró el dinero en virtud de una factura, a nombre de Aguas de Cádiz, firmada el 25 de febrero de 2011, que sólo firma él y tiene sello de la empresa. Ese dinero llegó a la cuenta del observatorio en 28 días. Fuentes de la empresa recuerdan que en aquella época el plazo legal máximo de pago era de 85 días y que ese era el plazo habitual para abonar facturas. Incluso ahora no suele bajar de 50 días. Si se pagaba antes, es porque el presidente (en este caso Romaní) o el gerente daba la orden.

Esa fue la primera factura. Después vinieron tres más. En las de 2012, 2013 y 2014 estos documentos están a nombre de Ignacio Romaní y en las tres las firmas son de Romaní y Carlos Guillén. No aparece la firma de ningún técnico que las avale, que sí apareceen cualquier compra habitual de Aguas de Cádiz. Es decir, Romaní se erigía con su rúbrica en único valedor de la empresa pública para hacer frente a este pago con dinero público.

A pesar de que el membrete de las cuatro facturas es del Observatorio que dirigía, al pie de las tres últimas facturas se recogía que la presentaba una asociación. En 2012 y 2013 fue la Asociación de Profesionales de Psicología Social y en 2014, la Asociación de Profesionales de Responsabilidad Social de la Empresa. En todo caso, en las cuatro facturas el CIF y la cuenta fue la misma. El CIF empieza con la letra G, reservado a asociaciones y otros tipos de sociedades civiles.

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Las facturas estaban justificadas en la realización de una investigación, durante 2011 y 2012, y en la subvención por la organización de unas jornadas, en 2013 y 2014. Sin embargo, tanto Guillén como Romaní han reconocido que ni en 2011 ni 2012 el observatorio realizó ninguna investigación sobre responsabilidad social en empresas de Cádiz, el mismo asunto que abordaba la tesis de Romaní. Al final, supuestamente, lo que se hizo fue una auditoría. Es un documento, facilitado de forma impresa por ambos, de 66 páginas, llamado Memoria de Sosntebilidad e Informe de Auditoría Externa de Responsabilidad en 2014. Es decir, Aguas de Cádiz pagó 22.000 euros en 2011 y 2012 para una investigación que no se hizo. Lo que se hizo después en nada tiene que ver con lo que autorizó pagar la empresa pública en esas facturas firmadas por Romaní y Guillén. No consta que exista ningún convenio o acuerdo que cambiara el objetivo de esa partida, tampoco ni siquiera uno que avalara el primero. El documento, supuestamente, fue entregado por el observatorio en 2015 (está firmado en septiembre de 2014) en instalaciones de Aguas de Cádiz.

No consta que Aguas de Cádiz recibiera ese documento porque no entró por registro. Lo que sí se sabe es que no ha servido para nada a la empresa pública. No se le ha dado ningún uso ni ha sido consultado para cambiar la responsabilidad social de esta compañía pública.