Principio de acuerdo en Las Casitas

Aranda de Duero

Habrá que pagar, pero muy probablemente menos de lo que se temía en un principio: los representantes del grupo empresarial que reclamaba el pago de los trabajos de urbanización en el barrio de Las Casitas han llegado a un principio de acuerdo con el representante legal del ayuntamiento por el que, aunque efectivamente las arcas municipales tendrán que desembolsar el valor de estos trabajos y los intereses que se habrían generado desde que se efectuaron, el montante total rebaja las pretensiones iniciales de los reclamantes, una cantidad que rondaba los 330.000 euros, y que ahora se queda en 245.000 intereses incluidos. El planteamiento se ha dado a conocer este viernes a los grupos políticos en dos comisiones consecutivas, la primera de Régimen Interno y la segunda de Hacienda, y se elevará al próximo pleno ordinario la semana que viene, aunque el asunto se considera tan delicado que no se conocerá de manera oficial el pronunciamiento de los grupos hasta esa sesión plenaria, para evitar que cualquier desliz dé al traste con el acuerdo.

Pero no ha sido la única reclamación dineraria de una empresa que se ha abordado en estas comisiones, porque vuelve a la palestra la polémica por el dinero indebidamente pagado a la empresa URBASER, encargada del aseo urbano durante las prórrogas del servicio desde 2007 por la amortización de maquinaria, un concepto que ya se había completado durante los diez años anteriores de vigencia del contrato. El asunto se remonta a la sentencia por la que en 2014 los tribunales se pronunciaron salomónicamente dando la razón a la empresa en que era irregular el procedimiento que utilizó el ayuntamiento para resarcirse de estas cantidades deduciéndolas de los pagos periódicos que llevaban a cabo por el servicio. Sin embargo el propio tribunal instaba al ayuntamiento a que las reclamara a través de otro procedimiento que ofreciera todas las garantías. El ayuntamiento abonó a la empresa los casi 300.000 euros en que estaba calculado el dinero que se había dejado de abonar, pero nada se ha hecho desde entonces por parte de los servicios jurídicos del consistorio para reincorporar ese dinero a las arcas municipales. La alerta ha surgido cuando apenas queda un mes para que finalice el plazo de reclamación, por lo que el ayuntamiento ha iniciado el correspondiente expediente de lesividad que le permita exigir la devolución del dinero con el procedimiento adecuado.

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