Victorino Alonso no entrará en prisión hasta que se pronuncie el Constitucional
El Juzgado de lo Pernal de Huesca admite el recurso de la defensa y paraliza la ejecución de la condena de dos años de cárcel
Empresario minero / efe
Ponferrada
El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, encargado de la ejecución de la sentencia que lo condenó a dos años de prisión, ha acordado la suspensión de la misma a la espera de que se resuelva el incidente de nulidad de actuaciones formulado por el abogado de la defensa, según publica el Heraldo.
El fiscal se había opuesto a la suspensión de la condena argumentando que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el recurso al Constitucional no paraliza la ejecución y porque además "no ha satisfecho la responsabilidad civil", cuantificada en veinticinco millones de euros. Sin embargo, el juez ha tenido en cuenta que se trata de una pena privativa de libertad y que si ingresara en prisión y cumpliera la condena, el recurso perdería su eficacia.
El empresario, dueño de la finca de caza de Bastarás, donde está la cueva de Chaves, fue juzgado en noviembre de 2016 por ordenar la realización de obras en el interior. Él sabía que existía un yacimiento y que periódicamente acudían hasta allí los arqueólogos. A pesar de ello, dio orden de que entrara la excavadora para vaciarla de losas y sedimentos, con el fin de nivelar el suelo y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, así como utilizar el material extraído para la construcción de un dique de contención cercano a la cueva. El juzgado lo condenó, y una vez que la Audiencia de Huesca confirmó el fallo en diciembre de 2017, abrió el procedimiento de ejecución de la sentencia.
Está todavía por determinar quién satisfará la indemnización de 25.490.805 euros, a favor de la administración, por los daños al patrimonio a la que también fue condenado. El 5 de marzo acabó el plazo. Él no ha pagado, ni tampoco puede afrontar toda la deuda la sociedad Fimbas, de la que es dueño, declarada responsable civil subsidiaria como titular de la finca de Bastarás. La mercantil ha ofrecido como dación en pago las 2.000 hectáreas de terrenos, valoradas en doce millones de euros, que ahora se registrará a nombre de la Diputación General de Aragón, aunque no cubre ni la mitad de la indemnización.
El Gobierno de Aragón, personado en la causa como actor civil, tampoco estaba de acuerdo en que siguiera en libertad. En las alegaciones al juez recordó que con la reforma legal de 2015 ya no basta declararse insolvente para cumplir con la responsabilidad civil y beneficiarse de la suspensión de la pena.
