Maeztu denuncia que recortes y fallos de gestión impiden recuperar los derechos
El Defensor del Pueblo Andaluz exige a los poderes públicos que blinden el estado del bienestar. Su oficina tramitó más de 9.800 quejas en 2017, con Educación y Vivienda a la cabeza de las reclamaciones
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, presenta el informe anual de 2017 / EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)
Sevilla
Falta de personal de educación especial. Paralización de infraestructuras sanitarias. Tramitación media de dos años para evaluar el grado de dependencia (cuatro veces más que el plazo legal). Falta de plazas residenciales públicas y concertadas para dependientes o escasa agilidad en la tramitación de ayudas al alquiler, que a veces termina en desahucio. Son solo algunos ejemplos en Andalucía de derechos ciudadanos ensombrecidos por falta de presupuesto o fallos en la gestión, según ha denunciado hoy el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, que tras presentar su informe anual al Parlamento Andaluz ha elevado el tono para exigir a los responsables públicos que blinden el estado del bienestar porque la insuficiencia presupuestaria "tiene que dejar de ser excusa".
En su opinión, la desigualdad social "sigue aumentando" tras la crisis y existe el riesgo de que algunos derechos perdidos en los últimos años no lleguen a recuperarse.
Jesús Maeztu: "Hay que blindar el estado del bienestar"
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El Defensor del Pueblo Andaluz asumió el año pasado 20.868 actuaciones y gestionó 9.815 quejas -un 3 por ciento menos que en el 2016. El 54 por ciento de las quejas recibidas se referían a materias que afectan al Estado del Bienestar, seguidas de las relacionadas con la sostenibilidad de las ciudades y territorio, y las reclamaciones ciudadanas en materia de justicia. De hecho, el mayor número de quejas gestionadas se refirieron a la educación (1.072), seguida de la vivienda (942) y el personal del sector público (907).
El mayor incremento de quejas nuevas con respecto al 2016 se produjo en igualdad de género (105 %), seguido de obras públicas y expropiaciones (32,4 %); Dependencia (22,9 %) y consumo (21,9 %).
143.000 personas introdujeron una queja conjunta sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
