Fernández asegura que no le contó a Chaves el sistema de pago de los ERE

Sevilla

El exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, asegura que no le contó al expresidente Manuel Chaves el sistema que estaban elaborando en su consejería para dar más agilidad a las ayudas investigadas. Un sistema que los ha sentado en el banquillo por un supuesto delito de prevaricación. Fernández dijo durante la investigación que creía que el exconsejero Viera, sí se lo había dicho y este martes ha matizado, a preguntas del presidente del Tribunal, que “no puedo saber lo que le contó Viera”. Tampoco sabe lo que pudo contar Viera en el Consejo de Gobierno.

El presidente del Tribunal, que juzga a los expresidentes Chaves y Griñán y a otros 20 exaltos cargos, ha tomado la iniciativa tras siete sesiones de interrogatorio de las partes al único exconsejero que estuvo en prisión. Juan Antonio Calle Peña ha interrogado durante una hora a Fernández, formulándole las mismas preguntas que le hizo Mercedes Alaya, antes de mandarlo a la cárcel. Y durante el interrogatorio, el magistrado ponente de la sentencia, Juan Antonio Calle Peña, ha dejado dicho, casi sin querer, que de nada sirve defenderse argumentando que las ayudas de los ERE tenían base normativa en una orden ministerial del año 95. La orden ministerial sobre ayudas del año 95 en el que están basando su defensa los acusados “establece unos requisitos completamente distintos de los que se siguieron con la aplicación del convenio marco” en Andalucía. Ese convenio firmado entre Empleo y la Agencia IDEA diseñó una fórmula para pagar subvenciones sociolaborales y directas a empresas mediante transferencias de dinero de Empleo a IDEA. Una fórmula considerada “inadecuada” en su momento por la Intervención de la Junta e ilegal por la Fiscalía Anticorrupción porque incumplía la Ley de Subvenciones y la Ley General de la Hacienda Pública.

El magistrado interroga al acusado “porque este Tribunal no tiene una bolita de cristal para saber o imaginar lo que usted quiso decir” en la declaración ante Alaya, que luego no ha ratificado. “Tiene usted la oportunidad de explicar en qué difiere lo declarado de lo que quiso decir”, ha manifestado el juez antes de comenzar a repetir las preguntas ya formuladas por la instructora.

Fernández ha señalado que sería el exconsejero de Trabajo, Guillermo Gutiérrez, quien “tomó la decisión” de “hacer” el primer convenio con IDEA para pagar ayudas con la fórmula que se mantuvo durante una década, porque Fernández asegura que en el año 91 “no fue el comienzo de nada nuevo”. También ha manifestado que informó al exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, de ese convenio porque “debía incorporarse a los presupuestos” de la Junta “la nueva herramienta” con la que la Junta iba a pagar ayudas.

El exconsejero ha vivido algunos momentos de tensión cuando el presidente del Tribunal se ha dirigido a él elevando la voz para que se limitara a decir si ratificaba o no las respuestas dadas a las preguntas que le hizo Alaya. “Es muy sencillo, dígame si ratifica o no ratifica esta respuesta”, le ha dicho Calle Peña. En otro momento le ha apremiado a que diga el motivo por el que no ratifica lo declarado en el año 2012.

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Durante la mañana, a preguntas de su defensa, Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo de la Junta, ha señalado que siempre tuvo la “absoluta tranquilidad” de que su consejería funcionaba “ajustándose a la legalidad” porque la Intervención General nunca realizó un informe de actuación sobre la fórmula de pago de los ERE. “Insensatos no éramos para mirar para otro lado de haber conocido una situación de manifiesta ilegalidad”, ha dicho. “En la administración se deja huella y se sabe lo que se hace”, ha señalado en otro momento.

Está previsto que este miércoles declare el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Anticorrupción solicita para él seis años de prisión y 30 de inhabilitación por los supuestos delitos de prevaricación y malversación.