Las ayudas de los ERE eran “absolutamente iguales” a las del Estado

Sevilla

El exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, asegura que las ayudas socio laborales y directas a empresas concedidas con la partida 31 L, eran “absolutamente iguales” a las otorgadas por el Estado tras la orden de 1995 sobre ayudas extraordinarias para trabajadores afectados por crisis empresariales. Fue la norma “en la que se inspiró la Junta”, ha señalado, “excepto en el origen de los fondos”. “Existía normativa para esta política de ayudas”, “existía legitimidad política y jurídica”, “siempre entendí que había base normativa suficiente” ha declarado a diferentes preguntas de su letrado. Además, ha manifestado que “solo pensar que hubo intención de engañar me duele en los personal, lo colectivo y supone desconocer cómo funciona la Junta”. “Todo deja pista”, ha repetido.

Fernández ha explicado, para demostrar que las ayudas de las dos administraciones eran iguales, que Gobierno y Junta otorgaron de forma conjunta las subvenciones para los prejubilados en las minas de Huelva “para el bien y para el mal”. Una parte de la ayuda se cargó a los Presupuestos Generales del Estado y otra a los de la Junta, a la partida investigada, la 31L. Y entre los firmantes del acuerdo para abordar las ayudas, ha recordado, estaba el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido. Zoido, hoy ministro del Interior con el PP, ejerció la acusación en el caso de los ERE hasta 2015.

El exconsejero ha querido recordar que gracias a la política social de la Junta hay 6.300 extrabajadores que han podido llegar a su jubilación “en condiciones similares a las que habrían disfrutado” si hubieran seguido en sus puestos. “Solo 10 ó 15 personas pueden considerarse genuinos intrusos” ha dicho su letrado al formularle una pregunta; cuando el acusado ha contado que tras una revisión individual la administración ha incorporado como sujetos de derecho a la mayoría de los que “la invención mediática” ha llamado intrusos.

Antonio Fernández, que no ha ratificado su declaración ante la jueza Alaya, ha dicho que el Consejo de Gobierno no conocía el procedimiento que utilizaba la Dirección General de Trabajo para abonar las subvenciones. Un procedimiento considerado inadecuado por la Intervención, que usaba transferencias de financiación de la consejería de Empleo a la agencia pública IDEA. “Estas ayudas eran debatidas por el Gobierno y por el Parlamento. Conocían la respuesta política que estábamos dando, las respuestas globales a las crisis empresariales, no es que conocieran el modo procedimental”, ha respondido cuando su defensa le ha pedido que aclare si el Consejo de Gobierno conocía, como afirmó ante Alaya, el convenio marco de 2001 donde se establecía la fórmula para pagar las ayudas.

Fernández ha resaltado que los parlamentarios "no son engañables" porque los grupos políticos dedican "grandes esfuerzos y asesores" a los presupuestos. "Le garantizo que los parlamentarios conocen de la materia y de la materia presupuestaria se enteran, por lo que estuvieron perfectamente informados", ha respondido.

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El encausado ha vuelto a indicar que de los 741 millones que Anticorrupción considera defraudados, 150 fueron pagos a la Seguridad Social. Y ha recordado que el magistrado instructor del caso ERE en el Supremo entendió que no todo el dinero de la partida 31 L se había malversado. “Más del 99, 5 % del dinero fue a una finalidad legítima”, ha señalado Fernández.

El exconsejero ha concluido que el decreto de 2012, que regularizó las ayudas investigadas, "refrendó, asumió y siguió pagando" las ayudas, lo que Fernández traduce en que hubo una "actualización de lo que se había hecho entre 2000 y 2010".