El programa de los ERE era el más “publicitado” del Gobierno andaluz

Sevilla

Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo de la Junta, ha señalado en su tercer día de declaración ante el Tribunal, que todos los expedientes de regulación de empleo de Andalucía son legales y ha explicado que las ayudas investigadas eran las más “publicitadas del Gobierno andaluz”, aunque no se publicaran en el Boletín Oficial de la Junta. “Cualquier andaluz conocía los conflictos laborales que había en Andalucía y la respuesta que ofrecía la Junta”, ha manifestado. Luego ha recordado que la Intervención era el único órgano que podía paralizar estas subvenciones directas a empresas y socio laborales. “Se paran los programas si la Intervención ve que es ilegal”.

Fernández ha repetido que nunca recibió ninguna advertencia de la Intervención con respecto a estas subvenciones. Nadie le explicó ninguno de los informes que elaboró el órgano de control “porque solo debieron advertir discrepancias” cuando cuestionaba la idoneidad de pagar subvenciones sin control previo del gasto y mediante transferencias de financiación.

El hecho de que la Intervención General hablara de fórmula inadecuada para pagar las ayudas es rebatible en términos de gestión, ha explicado. “Todo lo demás es un debate entre técnicos”, ha dicho. Y ha contado que la Intervención paralizó otros programas de la Dirección General de Trabajo por considerarlos ilegales.

La Intervención emitió un informe adicional en 2005 donde señalaba que era inadecuado abonar subvenciones mediante transferencias de financiación de Empleo a la Agencia IDEA, que libraba el dinero ordenado por la Consejería. Con esta fórmula no existía un control previo del gasto, como exige la Ley de Subvenciones; y el expediente de concesión no llegaba al organismo pagador, que era IDEA. Pero, Fernández ha señalado que él ni siquiera sabía cómo se fiscalizaban estas ayudas.

Tampoco nadie le hizo ningún comentario o advertencia de la ausencia de procedimiento para pagar las ayudas o del uso inadecuado de las transferencias de financiación hasta 2008, cuando cambia el director general de Trabajo.

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El exconsejero de Empleo ha explicado que nunca llevó al Consejo de Gobierno las memorias de control financiero permanente de la agencia IDEA, ni tampoco se habló o debatió sobre ello. En ellas la Intervención ponía de relieve el déficit que causaba en IDEA el pago de las subvenciones porque Empleo comprometía más dinero del que tenía previsto en el presupuesto.

Antonio Fernández que fue viceconsejero y consejero de Empleo se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.