El exalcalde de Santa Pola Miguel Zaragoza declara en el juzgado por el caso Gran Alacant
Zaragoza, que ha sido citado en calidad de investigado, defiende la honorabilidad de su trabajo y pide respeto
Miguel Zaragoza esta maána saliendo de la Ciudad de la Justicia de Elche acompañado de su abogado / Lydia Ferrándiz Radio Elche Cadena SER
Elche
El exalcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, ha llegado al juzgado de Elche que investiga la causa contra él y otros responsables políticos de la localidad, acompañado de su abogado. A la salida de la declaración no ha querido contestar las preguntas de los periodistas "por consejo de su letrado" pero sí ha defendido la "honorabilidad de su trabajo, y quien diga lo contrario que lo demuestre". El actual diputado provincial ha pedido respeto y ha dicho que "es posible la crítica pero de forma honorable".
En esta ocasión Zaragoza ha sido citado en calidad de investigado por el juzgado número dos de Elche. Son las diligencias previas que se están realizando para investigar las presuntas irregularidades detectadas en unos locales de titularidad pública de Santa Pola donde se instaló una clínica médica privada.
Es lo que se conoce como el caso Gran Alacant, en alusión al barrio donde se encontraba la clínica. Se trataba de unas dependencias municipales que, ante la falta de recursos sanitarios en la zona, se cedieron a una clínica para su gestión privada cuando era alcalde de la localidad Miguel Zaragoza.
Entre otras presuntas irregularidades, se investiga la contratación en la clínica de Pilar Zaragoza, hermana de Miguel Zaragoza. Su puesto en la clínica era como administrativa, pero según se ha podido determinar, solo trabajó seis meses y estuvo cobrando su salario por espacio de casi dos años más.
Hoy ha declarado también ante el juzgado el entonces concejal de personal, Jorge Perelló que era además la pareja de Pilar Zaragoza.
La clínica privada no abonó al ayuntamiento canon alguno por instalarse en dependencias municipales. Los propietarios de la clínica que declararon en el juzgado la semana pasada testificaron que no se acordó pago económico alguno con el ayuntamiento por la cesión de los locales. Sin embargo, el equipo de gobierno actual cifra en más de 100.000 euros la deuda y al intentar aclarar donde estaba el dinero fue cuando advirtieron las irregularidades que han denunciado.
La pasada semana comparecieron los propietarios de la clínica que no lograron esclarecer algunos puntos como por ejemplo porque no habían llegado a pagar nunca el canon.
En esta causa está también citada como investigada la diputada nacional del PP Loreto Cascales, aunque dado que es aforada, se le ha comunicado su situación para que realice las gestiones oportunas.
