Los regantes anuncian un inminente convenio Júcar-Vinalopó

Alicante

Garantizar agua para el sur, con el Tajo-Segura, y también ahora para el norte de la provincia; es la meta de los regantes alicantinos. Y es que tras la reciente visita de la ministra García Tejerina, dan por prácticamente ultimado un convenio entre el ministerio y la Confederación Hidrográfica del Júcar que abrirá el uso del agua desde la desembocadura del Júcar a los regantes y municipios del Vinalopó.

Se trataría de un acuerdo marco que regularía este abastecimiento para el norte de la provincia durante cinco años, revisable a los tres, y que la ministra vendría a firmar en Alicante, según les anunció ayer ella misma -aseguran- en su visita a la provincia.

La novedad sería la incorporación de los ayuntamientos de la zona al régimen de usuarios, puesto que al utilizar parte del agua trasvasada para el abastecimiento doméstico se podría rebajar el precio del metro cúbico para el regadío.

Las negociaciones se han llevado a cabo en los últimos meses con máxima discreción y ahora el documento "solo está pendiente de su revisión", según apunta Ángel Urbina, presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la provincia.

La revisión al alza del Júcar, "tomadura de pelo"

Los regantes alicantinos, por cierto, sin querer entrar en polémica, han defendido un día más la legalidad del otro trasvase, el del Tajo-Segura, que previsiblemente ha de aprobar el próximo día 3 de abril la Comisión de Explotación. Ello, tras la revisión al alza que ha pedido el gobierno de Castilla la Mancha y que ha anunciado este martes que remitirá una carta a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y a la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura, para que no se aprueben derivaciones por debajo de los 510 hectómetros cúbicos en cabecera.

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Argumenta este gobierno autonómico que es la forma de garantizar los derechos de la cuenca cedente, según recoge el Plan Hidrológico Nacional y que, de otra forma, el abastecimiento de los municipios ribereños podrían verse en peligro de cara al verano.

Pero para los regantes alicantinos, la carta de Castilla la Mancha es "una tomadura de pelo". Recuerdan que desde mayo de 2017, cuando tuvo lugar el último trasvase, durante once meses han respetado lo firmado en el Memorándum, y que ahora la obligación debe ser recíproca. "Nos ampara la ley", insiste Urbina.

Recordamos que este lunes, Tejerina informó en Elche de que el 3 de abril se reunirá la comisión de explotación del trasvase y que previsiblemente se aprobará una derivación de agua, puesto que Entrepeñas y Buendía han superado el umbral mínimo trasvasable, 400 hectómetros cúbicos entre ambos.