Ecologistas en Acción recurrirá el decreto sobre instalaciones ganaderas
Creen que la norma, que ya ha entrado en vigor, supone la "barra libre" para la ubicación de estas explotaciones en los núcleos rurales
Ecologistas en Acción cree que el decreto da "barra libre" para la instalación de explotaciones ganaderas / ICAL
Valladolid
Ante la entrada en vigor del Decreto de la Junta por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas en Castilla y León, Ecologistas en Acción ha anunciado su intención de recurrirlo.
Desde este lunes, todas las explotaciones ganaderas diferentes de las porcinas con más de 750 cerdas madres ó 2.000 cerdos de cebo y las avícolas con más de 40.000 gallinas ó 55.000 pollos estarán exentas de licencia ambiental en Castilla y León. Según afirman desde Ecologistas, pueden implantar e iniciar su actividad con una "simple comunicación" al ayuntamiento del término municipal en que se ubiquen, "sin información pública, informes previos ni audiencia a los vecinos colindantes".
Esto significa, según sostiene este colectivo que una gran explotación ganadera industrial como la proyectada en Noviercas (Soria), con 20.000 vacas de leche, que conlleva un consumo de agua, unas emisiones de gases de efecto invernadero y una producción de residuos "superiores a una ciudad como Soria", podría empezar a funcionar sin información pública. También afirman que con esta norma cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan "hasta que las vean y huelan funcionar".
En opinión de Ecologistas en Acción se trata de un retroceso que nos lleva hasta 1961, año en que se aprobó el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), legislación estatal básica todavía vigente en las comunidades autónomas que carecen de normativa propia en materia de actividades clasificadas.
Ecologistas califican de “barra libre” para las explotaciones ganaderas industriales que va a conllevar un "aumento de la conflictividad social, un incremento de la litigiosidad y en definitiva una mayor inseguridad jurídica para promotores y vecinos".
Por estos motivos, entre otros, Ecologistas en Acción solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la suspensión inmediata del Decreto 4/2018, de 22 de febrero.
Mario Alejandre
Cuenta lo que pasa en Valladolid y en Castilla y León desde que se incorporó a la SER, en el verano...
