La fórmula de pago de los ERE “era el camino que habían aconsejado los técnicos”

Sevilla

Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo de la Junta que estuvo en prisión por los ERE, ha mirado, en su declaración ante el Tribunal que le juzga, a los técnicos. Ellos debieron aconsejar “el camino” para pagar las ayudas investigadas mediante transferencias de dinero de Empleo a la Agencia IDEA. Una fórmula que evitaba el control previo de la Intervención y que, según los informes de la Intervención, era “inadecuado” para pagar subvenciones. “Todo el mecanismo, ningún político, de consejero hacia arriba, ni lo sabe ni lo conoce. Ningún gobernante hace el trabajo para evitar algo que tiene su huella. No es pensable”, ha respondido al fiscal.

También le ha dicho que el Parlamento Andaluz tenía conocimiento del convenio marco de julio de 2001 donde se recogía esa fórmula de abono de las subvenciones. Un convenio con vigencia para dos años al que se hacía referencia en las memorias de las leyes de presupuestos que aprobaba la cámara andaluza. Y también ha declarado que existía “base normativa suficiente” para que Andalucía pudiera conceder este tipo de ayudas.

Fernández no le ha dado mayor importancia al hecho de que no fueran elevados a Consejo de Gobierno los proyectos de decreto y órdenes que había elaborado la Consejería de Empleo en 2001 y 2003 para regular, con bases concretas, este tipo de subvenciones. “No fuimos capaces” de que pasaran el filtro de la reunión de viceconsejeros, ha explicado. “Pero era habitual que no salieran adelante proyectos”, ha justificado.

El exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, fue quien contó a la jueza instructora, Mercedes Alaya que el sistema de pago de ayudas socio laborales y ayudas directas a empresas era conocido en la administración como “el procedimiento específico”. Este lunes solo ha ratificado la declaración que prestó en el Supremo, no las que realizó ante Alaya. Anticorrupción pide para él ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

El acusado ha repetido que él no redactaba documentos, que él no decidía el orden del día de las reuniones, que su misión era elevar esos documentos que contaban con el visto bueno del gabinete jurídico correspondiente. Fernández desconocía que los trabajadores que contrataban las ayudas investigadas nunca fueron funcionarios, sino los empleados de UMAX, una empresa externa contratada por el exdirector de Trabajo, Javier Guerrero.

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Fernández siempre ha defendido la legalidad de estas ayudas. A lo largo de la instrucción ha señalado que eran “discrecionales pero no arbitrarias”.

El interrogatorio del fiscal seguirá este martes porque los problemas de afonía del exconsejero han obligado al presidente del Tribunal a acortar la sesión de este lunes.