Rotas las negociaciones
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Santiago de Compostela
La huelga de la justicia ha entrado en su séptima semana, 48 días de huelga, 51, si contamos el paro inicial de tres días, y las negociaciones están de nuevo rotas.
La reunión de este lunes terminaba sin acuerdo. El aspecto salarial tiene la culpa porque el resto de puntos que tienen que ver con sustituciones, refuerzos y descuentos por bajas, están casi cerrados.
La cuestión es que las posturas se mantienen muy distantes en lo económico. Los sindicatos han rebajado de 190 a 180 euros mensuales su demanda de incremento mensual para los trabajadores de la justicia gallegos. Reclaman que el 70% de la subida se aplique en 2018 y el 30% restante en 2019. La Xunta ha mantenido su última oferta que va de los 133 a los 105 euros mensuales para el personal gestor, tramitador y auxiliar.
Según el director xeral de Xustiza, la petición del comité de huelga es "inasumible"; en opinión de los sindicatos, ellos, al menos, han movido ficha desde la última vez que se sentaron a hablar.
No hay una nueva fecha para sentarse a negociar y, mientras, la justicia gallega está prácticamente paralizada porque la huelga sigue teniendo un seguimiento muy importante, se siguen suspendiendo cientos de juicios y diligencias cada día y los ciudadanos tienen dificultades para trámites, por ejemplo, del registro civil con los problemas que todo ello acarrea.
La Xunta ha aprobado una instrucción con la que aclara algunos aspectos del decreto de servicios mínimos. Según ha informado el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hay trámites relativos a certificados de nacimiento o defunción que deberían estar realizándose en los registros de los juzgados. Sobre el trabajo acumulado, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se ha dirigido a los órganos judiciales para reclamarles una relación de asuntos suspendidos; en función de las cifras definitivas se evaluará la situación y, junto a la Xunta, se diseñará el plan de recuperación de trabajo. Para todo ello hay que esperar a que termine el conflicto, según el presidente del alto tribunal, Miguel Ángel Cadenas.
