Las empresas involucradas en la operación de compra venta ilegal de marisco portugués sacaban importantes beneficios
Cadena SER
Pontevedra
10 fueron finalmente las toneladas de almeja japónica introducida ilegalmente en España desde Portugal intervenidas por la Policía Nacional en la macro operación internacional llevada a cabo a mediados de mes y que motivó la inspección de más de media docena de depuradoras en la comarca del Salnés.
El resultado es de 20 empresas y dos personas investigadas por los delitos de falsedad documental, marisqueo ilegal, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
De la organización, de la que formaban parte portugueses y españoles, eran estos últimos los que sacaban mayor beneficio económico dado que la compra del marisco a los furtivos se hacía entorno a los 3 euros el kilo, el grupo luso lo vendía a los viveros sobre los 7 y las empresas españolas lo sacaban al mercado alrededor de los 12 euros.
La Agregaduría de Interior de España en Portugal puso en alerta hace tres años a la Policía Marítima de Lisboa de la existencia de esta organización criminal dedicada al marisqueo ilegal en zonas contaminadas en la desembocadura del Tajo.
Fueron primero los portugueses los que determinaron los medios que se utilizaban para introducir el marisco en España. Pusieron nombre a los transportistas y se llegó hasta alguna de las empresas que estarían recibiendo la mercancía en España, ubicadas en Santander, Huelva Guipúzcoa y la provincia de Pontevedra, la mayoría en la comarca del Salnés.
Las primeras incautaciones se realizaron el año pasado al interceptar varios vehículos comerciales del país vecino con más de 5 toneladas de un marisco trasladado con documentación falsa. Precisamente una empresa de este lado de la “raia” se ocupaba de falsificar los documentos administrativos oficiales.
Una comisión rogatoria internacional a los diferentes partidos judiciales, entre otros el de Cambados, sacaría a la luz la actividad ilícita.
Recordemos que el pasado día 13 desembarcaba en Cambados, O Grove y Poio un importante dispositivo policial de ambos países registrando hasta ocho depuradoras a las que se reclamó documentación sobre las operaciones económicas realizadas con los portugueses. Sus propietarios no se negaron a colaborar porque se sienten víctimas de este presunto fraude.
