Un ex director de IDEA defiende que el procedimiento de los ERE era legal porque figuraba en la Ley de Presupuestos
Jacinto Cañete asegura que el Parlamento tenía “un conocimiento exhaustivo” de la fórmula que empleaba la Junta para pagar las ayudas investigadas
Pepo Herrera (EFE)
Sevilla
Jacinto Cañete, director general de la Agencia IDEA entre mayo de 2008 y diciembre de 2009, asegura que siempre pensó que el procedimiento que estaba usando la Junta para pagar las ayudas que otorgaba Empleo y pagaba IDEA era legal. “Era un procedimiento incluido en la Ley de Presupuestos”, ha respondido a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción. “El Parlamento tenía un conocimiento exhaustivo” de la existencia de las subvenciones y de que se pagaban mediante transferencias de financiación de Empleo a IDEA, ha añadido a preguntas de su letrado, Juan Carlos Alférez. “Todos los caminos nos llevan al mismo sitio”, en referencia al Parlamento Andaluz, ha señalado en otro momento.
El proyecto de Ley de Presupuestos y su documentación anexa, entre ella las memorias, se remite con dos meses de antelación al Parlamento “para su examen, enmienda y aprobación”, ha explicado. “El Parlamento leía, aprobaba y enmendaba la Ley. El Parlamento no podía estar al margen”, ha insistido.
El acusado ha reiterado que la Agencia IDEA pagaba las ayudas de los ERE que aprobaba la consejería de Empleo porque “la ley nos lo decía”. “Hacíamos exactamente lo que nos marcaba la Ley”, ha señalado en otro momento.
Cañete ha contado que cuando llegó al cargo su antecesor y luego el director financiero le explicaron que existía un programa presupuestario que gestionaba la dirección general de Trabajo y que IDEA pagaba porque era “una obligación” recogida en la Ley de Presupuestos. Nunca dudó, tampoco, de que el director general de Trabajo tenía competencias para aprobar estas líneas de ayuda.
Jacinto Cañete ha señalado, también, que todas las ayudas que aprobaba Empleo y pagaba la agencia pública tenían el visto bueno “de los servicios jurídicos y financieros”. El exdirector de IDEA ha manifestado que nunca recibió información de los informes de la Intervención sobre el control financiero permanente al que estaba sometido la agencia pública.
Cañete ha querido demostrar al Tribunal que la fórmula de pago de los ERE era pública y conocida porque se reflejaba en los PAIF, los programas de actuación, inversión y financiación, de IDEA que publicaba la Consejería de Hacienda en el BOJA y que también aprobaba el Parlamento.
El encausado ha repetido que IDEA no falseó sus cuentas. Tenía que presupuestar como ingreso las transferencias de financiación de Empleo, que en aquella consejería figuraban como gasto.”Si no se grava así el presupuesto no es coherente porque no tendría beneficiario final aquel gasto”, ha resumido.
Cañete se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.
