“Ni vimos delito ni menoscabo de fondos públicos”
El ex interventor de la Junta dice ahora que estas ayudas no eran subvenciones y por tanto no suscribe lo recogido en sus informes sobre que se había prescindido del procedimiento adecuado para otorgarlas
CADENA SER
Sevilla
Manuel Gómez, el Interventor general de la Junta durante diez años, se defiende en el juicio oral de los ERE cambiando de criterio sobre lo que son las ayudas investigadas, y con ello, también ayuda a defenderse a los demás. “Responda ¿No había menoscabo de fondos públicos?” le ha pedido el presidente del Tribunal. “No”, ha señalado. Antes ya había manifestado que ni él ni otra docena de interventores y técnicos vieron nunca ni delito ni menoscabo en el procedimiento con el que la Junta pagó ayudas directas a empresas y socio laborales.
Manuel Gómez no emitió el llamado informe de actuación al que estaba obligado si apreciaba ese menoscabo, que en cualquier caso, según el acusado, no es efectivo, no hubiera acabado con la fórmula elegida. Y no es efectivo “porque el consejero correspondiente puede dejarlo en un cajón y entonces la Intervención no puede hacer nada más”.
Tan evidente es el cambio de paso que ha dado el ex interventor que de manifestar, durante la instrucción, que el Consejo de Gobierno de los años 2004, 2005 y 2006 debería haber tenido conocimiento de ese uso inadecuado que se le estaba dando a las transferencias de financiación con las que se pagaban los ERE, ha pasado a no recordar si los consejeros de Hacienda, Empleo o Innovación cambiaron algo después de recibir su informe de cumplimiento donde advertía de ese uso inadecuado. “¿Reaccionaron los destinatarios?, ¿hubo actuación de los destinatarios para reducir el déficit?, ¿cambió algo?”, le ha preguntado el fiscal. “No recuerdo, probablemente no, no me acuerdo”, ha respondido él.
El acusado “con los ojos de hoy no llamaría subvenciones a las ayudas de Empleo, con lo cual no le sería aplicable la Ley de Subvenciones” y no se atrevería a manifestar que se ha prescindido total y absolutamente de procedimiento legal para pagarlas, como recogía en su informe adicional de 2005. Gómez piensa, con lo que sabe hoy, que se trata de ayudas socio laborales sometidas a la orden ministerial del año 95.
El ex interventor sí ha reconocido que las subvenciones no se gestionaban bien, que tenían muchas deficiencias y que el procedimiento usado por Empleo no era adecuado. También ha reconocido que el control previo del gasto es siempre más eficaz que el control financiero permanente porque el primero permite parar el gasto y el segundo no es vinculante y su destinatario “puede dejar morir cualquier informe de la Intervención”. Las ayudas de los ERE tuvieron la fiscalización permanente del gasto en la agencia pagadora, la agencia pública IDEA, y no el control previo que, según la Ley de Subvenciones, corresponde a las subvenciones.
Gómez ha terminado preguntándose que quizás las deficiencias han existido porque ha existido“un gestor riguroso y otro menos”.
Mercedes Díaz
Periodista de Tribunales y redactora de sucesos en Radio Sevilla desde 1990. Licenciada en Ciencias...
