El exjefe de los servicios jurídicos de la Junta desconocía que existiese un convenio para el pago de las ayudas sociolaborales
Francisco del Río no recuerda la mayoría de las preguntas que le ha formulado Anticorrupción
Jose Manuel Vidal (EFE)
Sevilla
El que fue jefe del Gabinete jurídico de la Junta, Francisco del Río, no conoció el llamado convenio marco que firmaron en julio de 2001 la consejería de Empleo y la Agencia Pública IDEA, donde se establecía que IDEA abonaría la subvenciones que otorgaba la Dirección General de Trabajo. En los convenios particulares, de cada ayuda, que aprobó como miembro del Consejo Rector de IDEA, no se efectuaba mención a ese convenio marco, ha manifestado. Un convenio marco que hubiera necesita un informe preceptivo de la asesoría jurídica de Empleo.
Del Río ha declarado por primera vez en esta causa pero no sabe o no recuerda gran parte de las preguntas que le ha hecho la Fiscalía. El acusado se enfrenta a diez años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación.
Del Río ha insistido en que el gabinete jurídico no es un órgano de control y ha dicho que nunca conoció ningún informe de la Intervención donde se advirtiera de ninguna irregularidad en el pago de las subvenciones. Tampoco sabe cómo era la fiscalización de un expediente de subvención o de una transferencia de financiación. Ni sabía entonces que las ayudas se pagaban a través de compañías aseguradoras.
El que fue responsable de los servicios jurídicos de la Junta ha señalado que tiene dudas de que las ayudas investigadas necesitaran una normativa específica. “Existía normativa autonómica como la Ley General de la Hacienda Pública, las leyes de presupuestos, la Ley General de Subvenciones y la aplicación supletoria de la legislación estatal”, ha dicho.
El encausado ha explicado que el gabinete jurídico solo podía actuar “a demanda”. Solo puede emitir informe cuando lo solicita el órgano competente, “aunque estemos hablando de un informe preceptivo”.
Del Río desconoce las razones por las que no salió adelante un proyecto de decreto para regular las subvenciones que elaboró Empleo y que se analizó tres veces en las reuniones de viceconsejeros a las que él asistía, entre diciembre de 2000 y enero de 2001.
Ha explicado que IDEA tenía una asesoría jurídica propia. Y ha señalado que de las ayudas inferiores a 450.000 era competencia del director de IDEA, que en ocasiones informaba al Consejo Rector, aunque nunca se especificaba la cuantía de cada ayuda ni se le mostraba ninguna copia de las mismas.
Miguel Ángel Serrano, el exdirector de IDEA, ha declarado también este lunes y ha defendido que nunca tuvo “la mínima sombra de ilegalidad” sobre la fórmula de pago de las subvenciones. “De haberlo tenido lo hubiéramos elevado a nuestros superiores”, ha enfatizado.
