San Sebastián aprueba definitivamente la ordenanza de los pisos turísticos
El Gobierno municipal defiende que la norma mantiene el equilibrio y preserva el carácter residencial. La oposición vota en contra
Representantes de varias plataformas de ciudadanos protestan con carteles en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián. / Juan Herrero (EFE)
San Sebastián
San Sebastián se ha convertido hoy en el primer municipio vasco en aprobar una ordenanza para regular los apartamentos turísticos. El Gobierno municipal, en manos del PNV y el PSE, ha sacado adelante el texto con los votos en contra de los tres partidos de la oposición, EH Bildu, PP e Irabazi.
Tanto el alcalde, Eneko Goia (PNV), como el concejal de Urbanismo, Enrique Ramos (PSE), han defendido en el pleno extraordinario en el que se ha aprobado la ordenanza, que la norma mantiene el equilibrio y preserva el carácter residencial de las viviendas.
Goia ha subrayado que la norma "ordena la convivencia y usos, preserva el carácter residencial y da un paso más en favor de la sostenibilidad y calidad".
Ramos, en la misma línea, ha destacado que la ordenanza responde a los principios de "necesidad, oportunidad y proporcionalidad", además de defender que se "protege el uso residencial de la vivienda" en una ciudad en la que históricamente los pisos han tenido un precio elevado.
El concejal de Urbanismo además ha señalado que la entrada en vigor del texto supondrá una reducción de la oferta actual de pisos turísticos a la mitad.
Por su parte, la oposición ha censurado la falta de voluntad negociadora del equipo de Gobierno, además de resaltar que la ordenanza supondrá en algunos casos flexibilizar la normativa actual y crear inseguridades jurídicas por chocar con algunos de los puntos del plan general.
El concejal de EH Bildu Ricardo Burutarán ha denunciado que, frente a lo defendido por el Gobierno municipal, la entrada en vigor de la ordenanza supondrá un aumento de los pisos turísticos, al igual que ha criticado el edil de Irabazi Loic Alejandro.
La portavoz del PP, Miren Albistur, ha advertido que la norma supone un "desbarajuste" por los problemas legales que puede suponer su aplicación, y ha remarcado que "no contenta ni a vecinos, ni a propietarios".
