Anticorrupción pide a la jueza Núñez que haga caso al Tribunal que celebra el primer juicio del caso de los ERE

Sevilla

Los fiscales Anticorrupción consideran que los altos cargos acusados en la pieza política de los ERE deben figurar como investigados en las piezas de las ayudas individuales, porque el Tribunal ha señalado que no se juzgan en la pieza política ninguna de esas ayudas concretas. De lo contrario “no se podrá exigir responsabilidad penal” ni el juicio político ni en los más de 200 juicios que se esperan por cada una de las ayudas otorgadas durante una década. Estaríamos, advierten los fiscales, “ante un salvoconducto procesal que impediría dirigir la acción penal contra los acusados”.

La interpretación de las normas que cada día hacen los jueces provoca que el caso de los ERE se haya enredado en un debate sobre si deben o no figurar en todas las piezas separadas los altos cargos que concedieron y pagaron las ayudas directas a empresas y las ayudas socio laborales. El Tribunal que juzga a los políticos por la creación, mantenimiento y concesión de las subvenciones ha establecido, respondiendo a una cuestión previa de la Fiscalía, que en esta pieza no se juzga a estos exaltos cargos por las 270 ayudas individuales que otorgó la Junta. Un criterio contrario al marcado por la sección Séptima de la Audiencia, que revisa los recursos, tras conocer el escrito de acusación de Anticorrupción. La Séptima señaló que no se podía juzgar a varios de ellos en la pieza política y en las piezas concretas porque Anticorrupción había incluido la totalidad de la partida investigada, sus 741 millones, en su escrito de acusación de la pieza política.

Ante esta tesitura la Junta de Andalucía, que no acusa en el juicio político, ha pedido amparo al Tribunal Constitucional porque ve que no puede exigir responsabilidad a los exaltos cargos de la Consejería de Empleo. Y Anticorrupción planteó al Tribunal que juzga a los políticos que se pronunciara. Los magistrados han establecido que no se juzgan las ayudas individuales y que nada tienen que decir sobre los planteamientos de la Sección Séptima.

“El Tribunal juzgador ha establecido que no serán objeto de enjuiciamiento la concesión y el pago de las ayudas”, recuerda Anticorrupción. “Si se mantiene el apartamiento acordado por la jueza Núñez respecto a algunos investigados (como el exconsejero Fernández o el exdirector general Guerrero) no se podrá exigir responsabilidad penal por el pago de ayudas concretas ni tampoco en el juicio” político. Lo que sería “un salvoconducto” para los acusados tras años de investigación.