El exalcalde de Sant Joan declara que siguieron los informes técnicos y jurídicos para paralizar la actividad
Este martes han declarado como investigados otros ocho ediles que en 2015 votaron por el cierre del crematorio de ASV alegando riesgos sanitarios
Una de las manifestaciones que organizaron los vecinos contra el tanatorio / Plataforma Anticrematorio
Alicante
El exalcalde de Sant Joan d'Alacant, el popular Manuel Aracil y siete concejales o exediles de este partido han negado este martes ante un juez haber prevaricado al aprobar el cierre cautelar del crematorio ubicado en esta localidad alicantina. "No pudimos incurrir en prevaricación porque seguimos las líneas que marcaban los informes técnicos y jurídicos", ha señalado el antiguo alcalde y actual portavoz municipal del grupo popular, tras su comparecencia.
Los ochos políticos han sido interrogados esta mañana en calidad de investigados (término que sustituye al de imputados) en el Juzgado de Instrucción 8 de Alicante, a raíz de la querella que interpuso contra ellos la empresa propietaria del crematorio, ASV Funeser SLU.
Los hechos se remontan al 16 de enero de 2015, cuando el pleno del Ayuntamiento de Sant Joan aprobó suspender cautelarmente la actividad que desarrollaba la citada mercantil en las instalaciones de la avenida Miguel Hernández del municipio.
El pleno justificó su decisión en un informe de la Dirección General de Salud Pública de noviembre de 2014 que apreciaba riesgo de contraer cáncer para los residentes de la zona del crematorio y emplazaba a la empresa a adoptar ocho medidas correctoras para seguir con la actividad.
ASV se querelló contra el entonces alcalde y otros doce concejales asistentes a ese pleno (nueve del equipo de gobierno del PP, dos de Compromís y otro de Esquerra Unida, EU), en el que los socialistas se ausentaron.
La empresa entiende que incurrieron en un presunto delito de prevaricación por tomar una decisión para la que carecían de competencias y pese a ser conscientes de que se habían adoptado otras medidas correctoras a instancias de la Dirección de Calidad Ambiental de la Generalitat.
El juez Ángel Villanueva archivó en dos ocasiones la querella al no apreciar indicios de infracción penal en la actuación de los regidores, aunque la Audiencia de Alicante ordenó reabrir el caso y practicar nuevas diligencias.
La última de estas resoluciones fue emitida el pasado mes de enero, tras la estimación de un recurso de apelación de ASV Funeser, y ha llevado al magistrado instructor a citar como investigados a los regidores que acordaron el cierre cautelar de la instalación la pasada legislatura.
Primera sesión
Este martes han comparecido los ocho primeros investigados y a partir del miércoles está previsto que lo hagan los representantes de Compromís y EU, junto a varios testigos y peritos.
Aracil ha asegurado que el pleno actuó de forma correcta, pues Sanidad había alertado de que la actividad, "de seguir" tal y como se estaba desarrollando, "podía producir cáncer en la población". "Nos amparamos en todo momento en el informe de la Conselleria y en el de los servicios jurídicos del ayuntamiento", ha precisado.
En esta línea, el exalcalde ha mantenido que la empresa no adoptó las medidas correctoras solicitadas por Sanidad "para minimizar el riesgo de las emisiones", que, según su versión, no deben confundirse con las establecidas en materia medioambiental.
