Un juzgado llama a declarar a los ediles que votaron el cierre del crematorio

Alicante

El Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante ha llamado a declarar como investigados este martes 27 y el miércoles 28 a los ediles que en enero de 2015 votaron por el cierre del crematorio de Sant Joan d'Alacant, alegando riesgos sanitarios.

El polémico crematorio actualmente está cerrado provisionalmente basándose en que su actividad no tenía el preceptivo y previo informe sanitario que establece la ley, como se acordó en aquel pleno, pero la empresa, ASV, ha recurrido varias veces dicho cierre en los tribunales.

De hecho, esta es la segunda vez que la Audiencia de Alicante reabre la causa contra estos concejales, a través de una resolución que da la razón a ASV, personada en la causa como acusación particular. El fallo considera apresurado el sobreseimiento de las actuaciones por parte del juez instructor, y pide investigar si hubo mala fe en los ediles, y si era posible que conocieran si la empresa había adoptado medidas correctoras en el momento en que acordaron clausurar dichas instalaciones.

La Plataforma Anticrematorio defiende que estos concejales actuaron en su día legalmente, puesto que la empresa "ni contaba entonces, ni cuenta ahora" con el informe previo para su apertura.

Añade su portavoz, Eugenio Herrero, que la clave de la cuestión no es ni siquiera este cierre cautelar que acordó el pleno, sino la licencia de apertura que concedió en 2013 el ayuntamiento, entonces en manos del popular Manuel Aracil, sin contar con los informes sanitarios previos y sin permitirlo el Plan General de Ordenación Urbana. Y por tanto, insisten, no se puede hablar de ninguna prevaricación en el cierre cautelar.

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En aquel pleno de 2015, los concejales del PSOE abandonaron la sesión. A día de hoy, el actual alcalde, el socialista Jaime Albero, se ha mostrado cauto.

Albero dice que en esta fase de diligencias previas de este martes también se mantienen al margen y que esperarán para actuar a que se dé a conocer tanto ésta como otras resoluciones que siguen pendientes de los tribunales. Es el caso de la que recientemente recurrida ante el Tribunal Supremo, para determinar si las mediciones por las emisiones de la incineradora son competencia de la propia empresa o del ayuntamiento.

En cuanto al futuro del crematorio, Albero mira hacia la Generalitat. Dice que es la Conselleria de Medio Ambiente quien tiene las competencias normativas en este asunto, y que siguen en conversaciones con ésta área y la de Sanidad.

Pero desde la Plataforma critican lo que califican de "cobardía", e insisten en que el ayuntamiento sí tiene en su poder las herramientas necesarias, para la revocación de la licencia de apertura. Recuerdan que el cierre definitivo fue un compromiso electoral que el actual gobierno hizo a la ciudadanía hace tres años.