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Las 14 trabajadoras del 010, indefinidas no fijas del Ayuntamiento de Zaragoza

Los tribunales resuelven el limbo en el que se encontraban estas empleadas tras abandonar Pyrenalia la gestión del servicio y darle continuidad el consistorio zaragozano en el mes de julio de forma temporal

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Las 14 trabajadoras del 010 son personal laboral indefinido no fijo del Ayuntamiento de Zaragoza. Lo dice una sentencia del juzgado número 2 de lo Social de Zaragoza y que resuelve la demanda que presentaron las empleadas contra Pyrenalia y contra el Ayuntamiento de la capital aragonesa el pasado mes de octubre. Se despeja así la incógnita sobre la situación laboral en el que estaban las trabajadoras ya que, además, seguían dadas de alta en la Seguridad Social en Pyrenalia y sin cobrar sus nóminas. De hecho, las trabajadoras estuvieron en huelga del 2 al 15 de octubre de 2017. 

El juez considera que desde el pasado 1 de julio mantienen esta relación laboral con el Ayuntamiento, tras acordar el gobierno de Zaragoza dar continuidad al teléfono de información 010 de forma temporal después de que la empresa Pyrenalia comunicara, de forma unilateral, que dejaba de prestar el servicio.

En su sentencia, deja claro que estamos ante una subrogación de la plantilla y considera que, aunque se trata de una contratación irregular del Ayuntamiento, se basa en la continuidad del servicio. Esta decisión municipal, considera el juez, no permite la integración de las trabajadoras a la plantilla del consistorio en virtud a los méritos de igualdad, mérito y capacidad.

Esta sentencia se suma a un conflicto que, por el momento, no tiene visos de resolverse, tras el intento del equipo de Zaragoza en Común de municipalizar el servicio, que acabó en los tribunales y que paralizó de forma cautelar la justicia.  Posteriormente, en septiembre de 2017, el gobierno de Zaragoza daba marcha atrás y anulaba su decisión, para ser debatido en pleno. El pasado mes de noviembre, la Comisión de Servicios Públicos concluía sin avancesPyrenalia ha dejado una deuda de 133.000 euros, que ha frenado a las 6 empresas que habían optado a gestionar el servicio. 

 
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