El fiscal pacta una rebaja de penas con 34 acusados a cambio de su confesión

Alicante

La Fiscalía Anticorrupción ha pactado una rebaja de penas, a cambio de una confesión, con 34 presuntos miembros y colaboradores de la Mara Salvatrucha 13  detenidos en la mayor operación policial registrada hasta ahora en España contra esta banda delictiva de origen salvadoreño.

El fiscal ha anunciado un principio de acuerdo con los abogados defensores durante la primera sesión del juicio contra la citada organización criminal que se sigue desde este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante.

No obstante, este pacto no ha podido ser oficializado ante el tribunal en esta jornada, y la vista ha tenido que ser aplazada hasta el próximo 8 de marzo, al no contar con el visto bueno de la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción. Lo corroboraba así el abogado de cinco de ellos, Francisco Moreno.

Los acusados en la mayor operación en España contra la mara Salvatrucha 13, que en marzo de 2014 permitió desarticular la cúpula de esta peligrosa banda de origen salvadoreño y frenar su expansión, acudían este martes a la Audiencia Provincial de Alicante para ser juzgados.

En total, son 38 los acusados, aunque cuatro de ellos fueron declarados en rebeldía. Otros cuatro fueron trasladados pasadas las diez de la mañana desde diferentes centros penitenciarios, donde estaban cumpliendo pena por otros delitos. El resto estaba en libertad provisional.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

El juicio por la denominada operación Cruasán se va a desarrollar durante doce sesiones a lo largo de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de este año, sin especiales medidas de seguridad. Entre los implicados figuran los presuntos cabecillas de las distintas "clicas" o distritos territoriales que, según la Fiscalía Anticorrupción, se agruparon para crear el "Programa 34", como denominan al proyecto de expansión en España. Éste tenía su sede central en la localidad alicantina de Ibi, en torno a la "clica" Big Crazy, y contaba con ramificaciones en Madrid, Girona y Barcelona.

Según el ministerio público, los acusados pretendían consolidar en España una banda similar a la mara salvadoreña, con la que tenían contacto y de la que recibieron financiación. Entre ellos hay distintas nacionalidades, desde paquistaníes, hasta rumanos y bolivianos. También hay mujeres.

Los sospechosos participaron presuntamente en varias peleas por el "control del territorio" con bandas rivales y llegaron a planificar el asesinato de uno de sus adversarios, aunque finalmente no lo pudieron llevar a cabo.

Igualmente, conspiraron para matar al testigo del apuñalamiento sufrido por un presunto integrante de una banda rival, los Latin Kings, ocurrida en el puerto de Alicante en 2012.

Los mareros ingresaban dinero a través del tráfico de drogas, pues habían establecido una red de transporte, almacenamiento y distribución de marihuana y cocaína. Además, la mara poseía armas de fuego a disposición de todos sus miembros, añade la acusación pública, que reclama inicialmente para los procesados penas que oscilan entre los dos y los treinta años de cárcel.

Pero los letrados sostienen que muchos de sus defendidos ya se han reinsertado en la sociedad.

Los cargos a los que se enfrentan son pertenencia a organización criminal, delito contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, asesinato en grado de tentativa, conspiración para el asesinato, lesiones, amenazas y blanqueo de capitales.