El mapa de las inversiones en obra pública en la Comunitat Valenciana pone en evidencia al Gobierno
De cada 100 euros que se invirtieron en obra pública en la Comunitat Valenciana durante 2017, 44 correspondieron a la Generalitat, 31 euros a la administración local y 25 al Gobierno Central
Obras de construcción de un colegio público en Valencia / Cadena SER
Valencia
Esta semana SEOPAN, la asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras, ha presentado su informe anual correspondiente al ejercicio 2017, un año en el que las inversiones en obra pública puestas en marcha por las distintas administraciones, aunque a un ritmo muy distinto entre ellas.
Por ejemplo, de cada 100 euros que se invirtieron en obra pública en la Comunitat Valenciana durante 2017, 44 correspondieron a la Generalitat, 31 euros a la administración local y 25 al Gobierno Central. En el informe de SEOPAN se refleja también, que en el conjunto de España, la Administración central realizó una inversión por habitante de 83 euros per cápita, mientras que en la Comunitat Valenciana esa inversión se redujo hasta los 41 euros.
Es decir, para llegar a la media de inversión per cápita española, el Gobierno central debía de haber invertido 41,8 euros más por habitante, lo que supone un déficit inversor de 206,5 millones de euros solo en el año 2017. Según ese informe, el Gobierno de la Generalitat licitó casi un 80 por ciento más de obra pública en 2017 que el Gobierno central, 362 millones frente a 202.
Unos datos que para el portavoz socialista Jorge Rodríguez, ponen en muy mal lugar al Partido Popular y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del que dice, sólo viene a la Comunitat de visita.
Jorge Rodríguez (PSPV) valora el último informe de SEOPAN sobre inversión en obra pública según administraciones
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El también presidente de la Diputación de Valencia lamenta las promesas “de inversiones que no se cumplen por parte de Rajoy y el ministro De la Serna cuando vienen de visita”. Además, el portavoz socialista ha reiterado que “es un chantaje condicionar la aprobación de los presupuestos generales del Estado al debate sobre el modelo de financiación autonómico".
