El profesor de Cabanillas gana la batalla en el Tribunal Constitucional

Cabanillas del Campo

 El profesor de Cabanillas del Campo Angel Renieblas, que fue sancionado con un mes de empleo y sueldo, ha ganado finalmente la batalla judicial y el Tribunal Constitucional anula aquella sanción.

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LOS HECHOS DENUNCIADOS

Este profesor del Colegio La Senda de Cabanillas, hoy ya jubilado, entregó a sus alumnos de 5º de primaria en febrero del 2012 una carta dirigida a los padres en la que explicaba los motivos por los que iba a secundar la huelga convocada contra los recortes del gobierno Cospedal en Educación y explicó durante 10 minutos esos motivos a sus alumnos.

Una madre, además concejal de educación del PP en aquel momento en el Ayuntamiento de Cabanillas, denunció este hecho como adoctrinamiento y la Consejería de Educación del gobierno del PP le impuso una sanción de 30 días de empleo y sueldo, sanción que fue después ratificada en el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Guadalajara. En su defensa el profesor declaró que "entendía que tenía el derecho cívico de informar a los padres como siempre había hecho".

FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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Ahora, 6 años después de aquellos hechos, el Tribunal Constitucional ampara a este profesor y estima su recurso anulando la sanción al considerar que explicar a los alumnos la convocatoria de una huelga y los motivos para secundarla no supone adoctrinamiento.

Los alumnos que prestaron testimonio durante la instrucción del expediente respondieron que el profesor "dijo que él quería ir a la huelga para ver si se solucionaban los motivos que explicaba" en la nota dirigida a los padres y porque "iban a haber recortes en el presupuesto".

El Tribunal Constitucional considera que los hechos probados no encajan en la falta disciplinaria por la que se impuso la sanción y anula, por tanto, las resoluciones de la Consejería de Educación de Castilla la Mancha y la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Guadalajara que las confirmó, por vulnerar el principio de legalidad del artículo 25.1 de la Constitución Española.