El Poder Judicial ampara al juez Penalva
Insta a VIcente Campaner, abogado de uno de los encausados del Caso Cursach, “al cese o la abstención en el futuro de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional”.
Cadena ser
PALMA
El Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy por unanimidad otorgar amparo al juez del Caso Cursach, Manuel Penalva. El magistrado había denunciado “continuo hostigamiento” hacia su persona por parte de varios abogados en relación con la instrucción de esta causa.
El órgano de gobierno de los jueces, después de estudiar las alegaciones de los letrados, ha decidido otorgar amparo al magistrado frente a la actuación de uno de ellos, Vicente "Coco" Campaner, “instándole al cese o la abstención en el futuro de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional”.
Además, el Consejo da traslado de su decisión al Colegio de Abogados de las islas por si, en el ámbito de su competencia, dice, considerase preciso realizar alguna actuación en relación con la conducta del letrado, Coco Campaner.
La Comisión Permanente considera que, de todas las conductas descritas por el juez en su solicitud de amparo, tiene una trascendencia particular la manifestación convocada por Campaner el pasado 27 de novembre pidiendo la detención e inhabilitación del juez y fiscal del caso acusándoles de haber manipulado e inventado pruebas para encarcelar a personas inocentes en el citado procedimiento judicial.
El Consejo General del Poder Judicial considera que una protestas de ese tipo coincidiendo con declaraciones de investigados ese mismo día es una clara injerencia en una causa abierta y que está siguiendo su curso en los juzgados. Dice literalmente que "supone una actuación externa a la relación procesal que, por sí misma y sin necesidad de otros condicionantes, tiene suficiente gravedad y entidad como para ocasionar un efecto negativo apreciable sobre el ejercicio de la jurisdicción".
El texto añade que si el abogado tiene sospechas o indicios, como afirma, de mala praxis judicial, tiene los cauces legales para denunciarlo sin dirigir y jalear a una multitud generando una duda generalizada sobre le independencia del juez que conoce el caso.
Acaba la Comisión Permanente apuntando que este tipo de actuaciones transmiten a los ciudadanos una imagen distorsionada de la Justicia y del principio constitucional de separación de poderes.
