La Asamblea decide llevar a la Fiscalía el escrito de Proagua dirigido a los diputados
Los servicios jurídicos han revisado el texto, que podría contravenir los artículos 494 y 498 del Código Penal. La presidenta avisa de que no va "consentir" que se vulnere la libertad de los diputados
Asamblea Regional
Murcia
La presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, ha decidido hoy llevar a Fiscalía el escrito presentado por la Asociación para la Defensa y Protección de las Necesidades de Agua en el Campo de Cartagena, Proagua, en contra del dictamen del proyecto de Ley de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Mar Menor.
Peñalver ha confirmado que los servicios jurídicos han revisado esta mañana el texto remitido a la Comisión de Defensa y Peticiones del Ciudadano, y han comunicado a la presidenta de la Cámara que puede contravenir los artículos 494 y 498 del Código Penal.
De esta forma, la presidenta de la Cámara ha señalado que esta decisión será comunicada a los grupos en la próxima reunión de la Mesa tras reanudarse el periodo hábil en febrero.
Peñalver ha avisado de que no va "consentir" que se vulnere la libertad de los diputados. "Como presidenta de la Asamblea Regional defiendo el derecho de los parlamentarios y parlamentarias a ejercer sin presiones, libremente, su derecho al voto, y sin coacciones ni advertencias de ningún tipo", ha remarcado Peñalver.
El artículo 494 del Código Penal establece en que incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento.
Por su parte, el artículo 498 estipula que los que empleen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coarten la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años.
El escrito presentado por la asociación solicita que se dé el nombre y apellidos de los diputados que voten a favor y contra de cada una de las enmiendas introducidas al proyecto de ley.
Además, emplaza a los servicios jurídicos de la Asamblea Regional a que emitan informe sobre las posibles responsabilidades civiles y penales que se podrían derivar para con los parlamentarios regionales que validen las enmiendas, al tiempo que advierte de posibles responsabilidades personales, patrimoniales y civiles subsidiarias por las repercusiones del texto que se apruebe.
El secretario general de Podemos, Óscar Urralburu, anunció ayer que su grupo también remitirá el escrito a la Fiscalía.
