La Fiscalía aprecia "indicios de presunta responsabilidad contable" en el caso Portfolio
Responde a la denuncia de ULEG ante el Tribunal de Cuentas
Carlos Delgado es el portavoz de ULEG, partido que llevó el caso a finales de 2017 a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. / ULEG
Fuenlabrada
El pasado mes de noviembre Unión por Leganés (ULEG) presentó una denuncia pidiendo que se investigara y se determinarán las posibles responsabilidades contables en el convenio de permuta de suelo que firmó el Ayuntamiento de Leganés en marzo de 2005 con la empresa‘Portfolio’.
@CarlosULEG
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Desde este partido se ha sostenido siempre que era un convenio lesivo que mantuvieron los anteriores alcaldes, del PSOE y el PP, con el que se cedía una parcela comercial valorada en más de 40 millones a cambio de obtener un solar de 4 millones de euros. Además, según indica el portavoz de esta formación, Carlos Delgado, el Consistorio tiene que pagar cerca de 9 millones de euros por intereses al no haber realizado la permuta en su día.
Ahora, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas indica que "se aprecia la existencia de indicios de presunta responsabilidad contable"en este caso y asegura que porndrá los hechos en conocimento de la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal. Para Delgado esto indica que "puede ocurrir que veamos a políticos que tengan que afrontar multas millonarioas por su nefasta gestión"
Carlos Delgado, portavoz ULEG Leganés, habla sobre la decisión la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en el caso Portfolio
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ULEG viene denunciando esta situación por el daño económico que, dicen, podría haber supuesto este convenio. Recuerdan que la permuta suponía que el Ayuntamiento adquiriera suelo rústico en la conocida como Fuente de la Mora a cambio de ceder 28.000 metros cuadrados edificables de uso comercial y de ocio en el complejo comercial ‘Plaza Nueva’.
Paralelamente, el partido independiente denunció en el verano pasado ante la Fiscalía al ex alcalde de Leganés, el popular Jesús Gómez y al entonces concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Recuenco, por supuesta prevaricación y malversación de fondos por no defender los intereses del Ayuntamiento, al no intentar negociar con la empresa para evitar la vía judicial en este caso.
