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Caso Garañón

La Plataforma en Defensa de las Cuestas del Parque urge al concello de Lugo a derribar O Garañón

Dicen que no hay posibilidad de hacer o no hacer. "Es su obligación y como tal pediremos que se resuelva el tema"

Torres del Garañón / Cadena SER

Torres del Garañón

Lugo

El presidente de la Plataforma en Defensa de las Cuestas del Parque (Rosalía de Castro de Lugo), Marcos Bourio, ha apremiado al concello de Lugo a que derribe las torres del Garañón, urbanización a los pies del parque.

Desde la plataforma apuran la demolición luego que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia haya remitido una providencia al ayuntamiento para que ejecute las sentencias que declararon ilegal dicho edificio, que fue paralizado por la jueza del uno, Pilar de Lara, en una investigación por la que permanecen imputados el ex alcalde, Xosé López Orozco, y ex el concejal de urbanismo y ex secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Bouiro ha destacado, ante la providencia del alto tribunal gallego, que “la solicitud (por parte de la plataforma) de ejecución forzosa ya tuvo respuesta del Tribunal Superior de Justicia (de Galicia)”, por lo que ahora avanza que “de no ver acción por parte del ayuntamiento insistiremos en esta vía”.

Marcos Bourio, presidente de la Plataforma en Defensa de las Cuestas del Parque

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Aclara que “en principio no cabe recurso, ni recurrir”, avisando que el TSJG “está mirando de cerca el seguimiento del derribo”. “Insistiremos ante el tribunal que no se está llevando a cabo la reposición de la legalidad”, ha advertido.

Marcos Bourio ha puntualizado que el compromiso del concello viene dado “por imperativo legal”. “Nosotros insistiremos ante el TSJ hasta que se consiga retornar el terreno a su estado original. No hay posibilidad de hacer o no hacer. Es su obligación y como tal pediremos que se resuelva el tema”, ha adelantado.

El presidente de dicha plataforma, muy beligerante en su día contra esta construcción, mantiene que ven al concello “con una incapacidad de gestión tremenda, porque lo que tenían que haber hecho ya era trabajar por la anulación del convenio, un convenio abusivo que siempre fue a favor del interés particular (del constructor) y en contra del interés general de los ciudadanos”. “Este convenio, la sentencia del TSJ desliza que puede ser un convenio nulo por abusivo. Ya pasaron más de tres años”, clama finalmente Marcos Bourio.

 
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