El laberinto legal de la AP-6
La primera concesión de la autopista Villalba-Villacastín debía concluir el 29 de enero de 2018
Unas obras, declaradas ilegales, determinaron que se ampliaría la concesión por un periodo de entre 32 o 37 años
Por el momento no está claro por cuanto tiempo se prolongará el peaje
Cartel informativo sobre los accesos a las autopistas de peaje / Eduardo Mayorga
Ávila
El Boletín Oficial del Estado publicó el 29 de enero de 1968 el Real Decreto que adjudicaba a Ibérica de Autopistas (IBERPISTAS) las obras de construcción de la autopista Villalba-Villacastín y su explotación durante un periodo de 50 años a conta rdesde el mismo día de su publicación. Este lunes se cumplen esos 50 años y la autopista debería dejar de ser privada y pasar a ser del Estado.
Pero en el año 1999 el Ministerio de Fomento concedió a Iberpistas la construcción de la AP-51, la AP-61 y el tercer túnel de la AP-6, prolongando esa concesión por un periodo comprendido entre los 32 y los 37 años.
En el año 2010, a raiz de una denuncia presentada por CCOO de Ávila y la Asociación Centaurea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia según la cual la adjudicación de esas obras fue ilegal porque vulneró la normativa de contratación pública.
El Ministerio de Fomento publica un Real Decreto en el año 2012 en el que decide que, para cumplir la sentencia, hay que reducir en siete años esa concesión. En concreto establece que la duración exacta de la concesión (entre 32 y 37 años) se fijará en noviembre de 2019, tomando en consideración la evolución real del tráfico durante el tiempo de concesión transcurrido. La reducción del periodo concesional, en siete años, será efectiva una vez quede fijado con exactitud el periodo concesional.
Hace unos meses se creó la Plataforma 'Ávila libre de peajes' que la ampliación no debería llevarse a cabo, dado que la adjudicación de esas obras se consideró ilegal por el Tribunal de Justicia Europeo. Ya han recogido unas 40.000 firmas.
Su postura es que en 2018 la gestión debe ser asumida por Estado, se tiene que eliminar el peaje y el Ministerio de Fomento debe absorber a los trabajadores vinculados a esa autopista y a las otras dos que se adjudicaron en el mismo contrato, la AP-61 y la AP-51.
A instancias de la Plataforma hay algunos partidos políticos como Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos o el PSOE que están llevando a cabo iniciativas parlamentarias en torno a la situación de esas tres autopistas de peaje.
María Ángeles Hernández
Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Es redactora en SER Ávila desde 1994....
