La Comunidad espera en febrero “un paso más” sobre el tren Móstoles-Navalcarnero
La ampliación de la línea C5 está en los juzgados desde que la empresa concesionaria, OHL, pidiera la resolución del contrato
Obras paralizadas del tren Móstoles-Navalcarnero / Ayuntamiento de Móstoles
Móstoles
La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha anunciado que "el mes que viene, con casi toda seguridad, habrá un paso más" en el contencioso abierto con la concesionaria OHL por la ampliación de la línea C5 de Móstoles a Navalcarnero, paralizada en 2010.
La ampliación está en los juzgados desde que en la empresa concesionaria pidiera la resolución del contrato.
Así lo ha indicado la consejera de Transportes durante la presentación de una nueva flota autobuses interurbanos ecológicos en Leganés.
Su predecesor en el cargo, Pedro Rollán, explicó en su momento que la Comunidad de Madrid estaba poniendo "todo el empeño" en que este expediente se resolviera de manera satisfactoria para los intereses de los ciudadanos, aunque admitió que iba a ser "un expediente muy complicado, complejo y voluminoso".
"Yo creo que ellos como empresa tendrán todo el derecho del mundo a defender sus intereses, pero que nadie tenga ninguna duda de que los intereses de los ciudadanos estarán bien defendidos por la administración", ha insistido la consejera, quien ha recordado que para acometer cualquier actuación habrá que esperar a la sentencia.
Las obras de extensión de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a la localidad de Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a OHL en el año 2009, con un presupuesto de 369 millones de euros, pero, tras más de 140 millones de euros invertidos, el proyecto fue paralizado por sorpresa por la concesionaria en 2010.
En junio de 2015 y tras cinco años de paralización, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y reclamando 285 millones de euros de indemnización.
Tras esta reclamación, y con un informe a favor del Consejo Consultivo, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminaría en septiembre de 2017.
Transcurridos unos meses y, viendo que OHL "no tenía la menor intención de terminar las obras" -según subrayó el exconsejero Pedro Rollán-, se decidió finalmente iniciar este proceso de resolución de contrato y reclamarle judicialmente a la concesionaria OHL "más de 300 millones de euros" por abandonar el proyecto.
