La alianza UPA-COAG exige depurar responsabilidades 'entre quienes hundieron Caja España'
Recuerdan que el responsable de Asaja, José Antonio Turrado, se encuentra imputado por administración desleal como consejero de la caja
Matías Llorente, secretario general de UGAL-UPA / Radio León / Cadena SER
León
La Alianza UGAL-UPA y UCALE-COAG espera que no caiga en el olvido "el enorme fiasco que supuso para los intereses leoneses el varapalo social y económico que sufrió el medio rural al desaparecer Caja España".
Después de conocer el pacto de no agresión entre PP y PSOE para librar a los consejeros investigados de Caja España de comparecer en la comisión de de las cajas de ahorro, UPA-COAG recuerda que el juez imputó en su día a 14 consejeros de Caja España por créditos irregulares y que entre los imputados estaba el actual secretario autonómico de Asaja, José Antonio Turrado. Según está coalición sindical, sería imprescindible "conocer los créditos y préstamos con interés preferencial, así como los pisos o bienes inmuebles que se adquirieron por ciertos consejeros por tener información privilegiada".
Consideran que el desplome de Caja España es "uno de los episodios más tristes y bochornosos que ha sufrido nuestra provincia en los últimos 20 años", puesto que Caja España prestaba servicios fundamentales en los municipios rurales de la provincia.
Según UPA-COAG, "resulta especialmente gravoso el hecho de que una gran parte del ahorro de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia se depositara en una entidad cuyos mandatarios resultaron ser unos irresponsables, tal y como lo verifica el hecho de que el propio FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), decidiera denunciar ante la Fiscalía nueve operaciones financieras de la rescatada entidad al ver indicios de administración desleal en su cúpula".
Según informes de Caja España, se estima que los perjuicios económicos ocasionados por dichas operaciones ascienden a unos 120 millones de euros. Se trata de operaciones de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles o participaciones en sociedades, renegociaciones de préstamos con reducción de garantías y, en general, operaciones que dieron lugar a importantes pérdidas para la entidad.
